- Gobierno impuso prohibiciones a personas de 11 naciones, entre ellos Nicaragua, Irán y Rusia, por violaciones a derechos humanos
AGENCIAS
REINO UNIDO
El gobierno británico anunció el viernes 9 de diciembre de 2022 que impuso sanciones a por lo menos 30 entidades o personas de 11 países, entre ellos Nicaragua, Irán y Rusia, por "oprimir las libertades fundamentales en todo el mundo".
"Es nuestro deber promover sociedades abiertas y libres en el mundo. Hoy nuestras sanciones van más allá para exponer a quienes están detrás de las abominables violaciones de nuestros derechos más básicos", declaró el ministro británico de Relaciones Exteriores, James Cleverly, citado en un comunicado.
Las sanciones se dirigen a "individuos corruptos, a quienes han violado y abusado de los derechos humanos y a quienes han cometido actos de violencia sexual en conflictos", detalló el ministerio.
Londres aprobó en 2018 una ley que le permite aplicar sanciones (prohibición de entrada, congelación de activos) a personas acusadas de violaciones de derechos humanos en el extranjero.
Ocho personas fueron sancionadas en esta ocasión en virtud de dicho régimen. Entre ellas figuran Sadrach Zeledón Rocha y Yohaira Hernández Chirino, el alcalde sandinista y la vicealcaldesa de la localidad nicaragüense de Matagalpa por haber "participado en la promoción y el apoyo de graves violaciones de los derechos humanos".
La lista incluye asimismo a un líder religioso paquistaní, un general ugandés y cuatro funcionarios rusos.
Bajo otro régimen, relativo a actos de violencia sexual en los conflictos, Londres también sancionó a diez oficiales iraníes vinculados al sistema judicial y penitenciario de ese país, a seis responsables de Sudán del Sur, a un grupo armado de Malí y a miembros de la junta birmana.
Por último, una serie de individuos de Serbia, Moldavia y Kosovo vieron sus activos congelados y su entrada prohibida al Reino Unido por corrupción.
En fechas recientes, las autoridades británicas arrestaron a un acaudalado empresario ruso bajo sospecha de lavado de dinero, en momentos de una campaña para frenar la actividad delictiva de oligarcas y otras personas vinculadas con el presidente ruso, Vladimir Putin.