- Hasta 22 años de cárcel darán a quienes desposen a menores de edad, y a quienes los vendan u obliguen a casarse
AGENCIAS
MÈXICO
Los usos y costumbres de comunidades indígenas no serán más un pretexto para obligar a las niñas a casarse o cohabitar con un adulto ni para regalarlas a cambio de tierras o animales, porque el Senado aprobó la prohibición del matrimonio entre menores de edad o entre menores de edad y adultos, así como el uso de menores de edad como objetos de trueque, que se castigará hasta con 22 años de cárcel.
Ayer, con el voto unánime, el pleno del Senado avaló una modificación inédita al Código Penal Federal que pone fin al matrimonio forzado infantil, al matrimonio infantil y a la venta de menores de edad por parte de sus progenitores, que se registra en comunidades indígenas, por usos y costumbres, y en otras zonas del país por motivos de explotación y comercio sexual.
La reforma, enviada ayer mismo al Ejecutivo federal para su entrada en vigor, crea el delito de “cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”.
Y define que comete este delito “quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.
Precisa que “al responsable de este delito se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y de dos mil a dos mil 500 días de multa”.
Y establece la agravante histórica: “la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana”; es decir, que la pena mínima de ocho años se convierte en 12 años y la máxima de 15 años, en 22 años y seis meses de prisión.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, subrayó que los menores de edad de los hogares más pobres, de zonas rurales y pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes, están en mayor riesgo de ser víctimas del matrimonio forzado.
Recordó que datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que en América Latina “una de cada cuatro mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años”.
