- No es necesario que exista esta figura, que solo provoca impunidad: Ramírez Cuéllar
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Al considerar que el fuero se ha convertido en “una protección injustificada, de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social”, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso una iniciativa de reforma a la Constitución para eliminar la inmunidad constitucional a diputados federales, senadores y gobernadores.
“Ya no es necesario que exista esta figura, que solo provoca impunidad”, dijo en conferencia de prensa, en la víspera de que la Sección Instructora sesione para decidir si da entrada a trámite el expediente de desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena), a quien la Fiscalía General del Estado de Morelos investiga por el presunto intento de violación de su media hermana.
En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar incluso exhortó a Cuauhtémoc Blanco y al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas -acusado por la Fiscalía de Campeche de presunto enriquecimiento ilícito-, a que se presenten de manera directa y voluntaria ante el Ministerio Público.
"Tenemos dos casos que están en la Sección Instructora, el del presidente del PRI y el de Cuauhtémoc Blanco. No se les puede acusar de absolutamente nada, pero de manera voluntaria debieran renunciar al juicio de procedencia y comparecer ante el Ministerio Público, ante las autoridades que los están requiriendo. La renuncia voluntaria al juicio de procedencia sería un ejemplo, un paso muy importante para caminar en una justicia de igualdad para todos”, dijo el legislador.
Explicó que su iniciativa, que se entrega el miércoles en el pleno, busca dejar a salvo la protección constitucional que se otorga a los legisladores en el ejercicio de su actividad, esto es en sus opiniones y en sus participaciones en la tribuna, así como a la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.
Detalló que en el artículo 61 constitucional se propone reforzar las atribuciones de los presidentes de las mesas directivas del Congreso, para proteger a los legisladores de cualquier agresión en torno a su opinión política, su voto en el parlamento y su actividad legislativa.
