El tribunal resolverá si Víctor Rodríguez Padilla se mantiene bajo la medida de prisión preventiva o si se modifica su condición cautelar
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Una jueza de control en el Poder Judicial de Atlacholoaya, Morelos, resolvió que el proceso penal en contra del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, no se detendrá a pesar de que la víctima, María Felicia Jiménez, presentó un escrito formal para otorgarle el perdón legal.
La juzgadora notificó durante la audiencia de vinculación que la investigación seguirá su curso debido a que los delitos de violencia familiar y violencia vicaria se persiguen por oficio en el marco legal mexicano.
La determinación judicial se fundamenta en la naturaleza penal de los cargos que enfrenta el exservidor público federal. Al ser tipificados como delitos de persecución oficiosa, la intervención del Estado y el desglose de las carpetas de investigación no dependen de la voluntad o el desistimiento de la parte afectada una vez que los hechos son del conocimiento de la autoridad.
En la documentación remitida a los tribunales el pasado 10 de julio, María Felicia Jiménez manifestó de manera explícita que su resolución de otorgar la absolución jurídica respondía a una necesidad de priorizar la estabilidad y la seguridad de su núcleo familiar. De igual forma, la denunciante asentó su postura de no dar continuidad a los expedientes vigentes.
Sin embargo, la jueza precisó en la sala de audiencias que las obligaciones legales e institucionales impiden suspender el caso, por lo que el futuro jurídico de Rodríguez Padilla quedará en manos de los órganos judiciales correspondientes.
El expediente penal en contra del exfuncionario federal se originó el pasado 30 de junio de 2026. En esa fecha, María Felicia Jiménez acudió formalmente ante la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer una denuncia por agresiones de carácter doméstico y vicario en contra de su esposo.
Al tratarse de la continuación de la audiencia inicial para definir la vinculación a proceso, el debate entre la defensa y la representación social se concentra en analizar si los datos de prueba presentados son idóneos y suficientes para establecer la existencia del hecho delictivo.
