Con el aval de 19 legislaturas estatales, el Congreso de la Unión la declara constitucional
Su estudio, dictamen y votación cobró velocidad tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala
El Universal
México
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobada la reforma constitucional en materia de desaparición forzada, y envió al Diario Oficial de la Federación el decreto ya votado por 19 congresos estatales, para su publicación y puesta en vigor.
Se trata de la última de las grandes reformas de la LXII Legislatura, que concluye el próximo 31 de agosto; su estudio, dictamen y votación cobró velocidad tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Miguel Barbosa Huerta, formalizó la declaratoria de aprobación de la reforma al inciso “A” de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso a legislar en materia de desaparición forzada.
El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo pidió que en septiembre, al inicio del primer año legislativo del Congreso de la Unión, el Poder Legislativo empiece las leyes secundarias en la materia.
Se refirió al fenómeno del desplazamiento forzado interno, que se estima en 250 mil personas que han dejado sus lugares de origen, en escenarios de combate al crimen organizado.
Por su parte, la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Pilar Ortega dijo que la reforma permitirá que en la legislación secundaria se tipifiquen de manera adecuada los delitos en la materia.
Los congresos estatales que han aprobado la reforma constitucional en materia de desaparición forzada son: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Por último, el también Senador perredista, Arturo Zamora Jiménez dijo que la reforma abre la oportunidad de trabajar en la elaboración de leyes secundarias para llevar de manera intensa la tutela de víctimas y de sus familiares.
