18 de Marzo de 2026

Caso Ayotzinapa, una vergüenza

Califica el célebre jurista español Baltasar Garzón

 

A nueve meses de la tragedia, el Estado ha sido incapaz de dar respuesta, deplora

 

El Universal

 

México

 

El jurista español Baltasar Garzón calificó como una “vergüenza” que a casi nueve meses de la desaparición de más de 40 jóvenes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, no se haya dado respuesta a los familiares.

 

“Me he pronunciado varias veces sobre ese caso, es una vergüenza para la humanidad que no haya una respuesta contundente del Estado desde la justicia, y en definitiva desde la comunidad en general a la demanda de justicia. No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda, sea algo que quede ahí; hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para prevenir que vuelva a suceder un hecho como Ayotzinapa”, comentó.

 

 

Al finalizar su participación en el encuentro Prospectiva del Mundo, México 2015, Garzón dijo que la violación a los derechos humanos es una realidad que se presenta no sólo en México, sino en diferentes partes del mundo.

 

“Es un reflejo de los derechos que están entredicho no sólo en México, porque hay muchos países, elija cualquiera ellos. Proteger los derechos humanos es el mínimo ético y legal, y a veces se transforma en una carrera de obstáculos garantizar esos derechos”, mencionó.

 

En entrevista, afirmó que los gobiernos democráticos tienen la obligación ineludible, por sí misma y por los ciudadanos, de respetar los derechos humanos y “cuando no es así, hay que buscar los mecanismos para (garantizar) ese estado de bienestar en orden al cumplimiento de los derechos y obligaciones. Esa es la meta”.

 

Este viernes se cumplen nueve meses de la desaparición de los jóvenes estudiantes durante la noche del pasado 26 de septiembre, en el municipio de Iguala. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) indican que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de los municipios de Iguala y Cocula, para después ser entregados a la organización criminal Guerreros Unidos en una brecha entre ambos poblados.

 

Al tenerlos bajo resguardo, fueron asesinados; sus restos, calcinados y después arrojados en bolsas a un río de Iguala, para evitar dejar una evidencia que pudiera incriminar a los victimarios.

 

Hasta el momento han sido detenidas más de 100 personas por estos hechos; sin embargo, no se ha dado con el paradero de los estudiantes, sólo uno de ellos ha sido identificado.

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