AGENCIA
Los inmigrantes menores de edad no tienen derecho a la asistencia de un abogado pagado por el gobierno cuando están en proceso de deportación, determinó el lunes una corte federal de apelaciones.
Los jueces rechazaron la aseveración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y de grupos defensores de los inmigrantes de que los menores tienen derecho a contar con un abogado gratuito dentro del debido proceso como lo prevé la Constitución.
Existe un sistema que concede a los menores una audiencia justa, y obligar al gobierno a que provea abogados gratuitos redundaría en un gasto que “llevaría al límite a un sistema de inmigración ya sobrecargado”, dijo el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito.
Los demandantes dijeron que muchos de los miles de menores que el gobierno pretende deportar, comparecen ante jueces cada año sin abogado porque no tienen para pagar uno o no encuentran uno que los represente sin costo.
El resultado es un proceso injusto en el que menores sin capacidad para sobrellevar asuntos jurídicos complejos son enfrentados a abogados expertos del gobierno, según los grupos.
Ahilan Arulanantham, director jurídico de la ACLU en el sur de California, dijo que el grupo no ha decidido cuál será su siguiente paso.
