*Reforma eléctrica, a consulta popular
Óscar Mario Beteta
La reforma eléctrica que propone el gobierno, es un asunto que atañe a la totalidad de los mexicanos. Nadie es ajeno a, ni excluyente de ese servicio. Toda la población es dependiente de esa fuente de energía, sin la cual, la vida actual sería inconcebible. Su uso y su potencial, junto con el petróleo, mueven al mundo.
Partiendo de esa base y del hecho de que la administración AMLO tiene una marcada inclinación oratoria hacia la consolidación de la democracia, el tema debería ser sometido a una consulta popular, mirando a que el país tenga una legislación sólida y consistente; conveniente y sana, con lo cual, de inicio, se superaría el clima de discordia, polarización y confrontación que ha generado la iniciativa.
En este ideal, sería muy pertinente que, antes de que los congresistas la votaran, y con independencia del Parlamento Abierto que algunos proponen, se informara detalladamente a la sociedad sobre los pros y los contras que contiene y, con el ánimo de perfeccionarla, se ponderaran sus debilidades y sus fortalezas, mirando a que estas sean más que aquellas.
Si se asume que, como producto democrático, toda ley debe tender a la procuración del mayor bien para los más, los gobernantes deberían pugnar porque la reforma contenga la garantía de que el servicio de electricidad será suficiente y eficiente; que tenga un precio razonable, esté al alcance de todos y ofrezca la certeza técnica de que no se producirán apagones.
El proceso de producción de ese fluido, hasta su consumo, debe ser amigable con el medio ambiente; se tiene que generar con energías limpias, en el imperativo cada vez más ineludible de conservar el ecosistema.
¿No es eso lo que quieren cuantos tienen en sus manos la dirección y el rumbo del país? ¿No es eso lo que propalan todos, sin excepción? La ocasión para que lo demuestren, es inmejorable.
Si desean darle sustento a su discurso, deben hacerlo con disposición, voluntad y pruebas. Sobre esa base, pueden empatar sin ningún problema la consulta de revocación de mandato, de marzo venidero, con la de la reforma eléctrica. Una y otra se reducirían a una pregunta con respuesta opcional. La posibilidad está en sus manos. La sociedad estaría complacida de que, por ella, se pusieran de acuerdo y trabajaran juntos.
En esa perspectiva, sería de crucial importancia la incorporación legal de la obligatoriedad a que para director de un organismo vital como la CFE —y por extensión Pemex, en su circunstancia—, se nombrara a una persona calificada y capaz; prudente y honrada. El Congreso podría designarlo, como lo hace con tantos integrantes del cuerpo estatal. El cuatismo y el compadrazgo son deleznables siempre, pero más cuando está de por medio todo un país.
Ese ejercicio sería una excelente ocasión para socializar la política en su amplísimo campo de aplicación; se inscribiría en la democracia participativa y daría paso a una auténtica democracia representativa, en la que los congresistas se ocupen en defender y apoyar los intereses y la voluntad de los ciudadanos.
Abrir ese cauce, se traduciría en una mejoría de todo para todos. Puesto en perspectiva, ese paso sería susceptible, incluso, de convertirse en el inicio de una fundada y verdadera legitimación de la desacreditada clase política, y de terminar con la actitud pasiva y conformista de la ciudadanía.
