PLATA O PLOMO

el

TEMPORADA DE MASACRES

ALEJANDRO HOPE

En la última quincena, se han acumulado hechos terribles por todo el país.

El 20 de junio, un grupo de pistoleros secuestró a doce hombres en Caborca, Sonora, y arrojó sus cadáveres al borde de una carretera. Al día siguiente, el país se conmovió con la noticia de una masacre en San Mateo del Mar, Oaxaca: quince integrantes de la comunidad indígena ikoot fueron asesinados, después de haber sido sometidos a tortura.

Tres días después, en poblados de la zona rural de Culiacán, fueron ejecutadas 16 personas en dos enfrentamientos. Finalmente, el viernes pasado, los cuerpos sin vida de 14 personas fueron encontrados al borde de una carretera federal en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Cada uno de esos hechos es distinto y responde a una lógica propia. Pero hay un elemento que une a esos y otros actos de barbarie: las masacres son útiles para los perpetradores y no les genera costos o riesgos adicionales.

¿Útiles? ¿Por qué sería útil una matanza para un grupo criminal? Porque inhibe a los adversarios, intimida a las víctimas potenciales y ayuda a preservar la disciplina interna. Y, por lo regular, la brutalidad extrema no modifica la ecuación de riesgo para los asesinos: la probabilidad de captura por parte de las autoridades no aumenta realmente con el número de víctimas. La apuesta es básicamente la misma si mueren una, diez, quince o treinta personas.

Tampoco se vuelve más peligroso el asunto si las víctimas, además de asesinadas, son decapitadas, mutiladas, desolladas o calcinadas a una víctima.

Añádase a esto que la sanción es incierta. Por motivos diversos, un caso puede adquirir relevancia suficiente para detonar una respuesta extraordinaria de la autoridad que conduzca a la captura de todos o casi todos los responsables. Pero los delincuentes no saben, ex ante, en qué casos va a haber una reacción de ese tipo. De cualquier forma, lo más probable es que no suceda. Los delincuentes, por tanto, se la juegan.

Para tratar de prevenir esto, se requiere una alineación distinta de incentivos: una especie de impuesto a la violencia.

¿Cómo funcionaría? Explicitando una raya: por ejemplo, el gobierno podría informar a las bandas criminales, por medios públicos o vías discretas que todos los casos con ocho y más víctimas (por poner un ejemplo) serían atendidos con recursos extraordinarios.

Si la advertencia se comunica adecuadamente, los criminales empezarían a detenerse en siete víctimas: a partir de ese punto, se podrían incorporar otro tipo de incidentes hasta regresar a un equilibrio de baja violencia.

Por supuesto, hay muchos detalles por resolver en esa propuesta y hay muchas modalidades alternativas que se podrían elegir Pero lo que cuenta es el principio básico: cuando el Estado cobre el costo marginal de la violencia, cuando no sea lo mismo matar a una persona que a quince, es posible que se dejen de apilar los cadáveres.

O, también, podemos seguir haciendo lo que hemos hecho desde hace quince años, persiguiendo a diestra y siniestra, no agarrando a nadie salvo por excepción, y esperando a que, por milagro, no se acumulen las masacres.

Lo primero tal vez no funcione, pero lo segundo lleva inevitablemente a Caborca, Fresnillo, Culiacán y San Mateo del Mar.