LA VIOLENCIA QUE VIENE
ALEJANDRO HOPE
Hace menos de tres semanas, fue asesinado Herón Sarabia Mendoza, excandidato de Morena a la alcaldía de Arcelia, Guerrero. Se trató del quinto político guerrerense ejecutado en lo que va del año.
En marzo, fue asesinado al exalcalde de Chilapa, Sergio Dolores Flores. En mayo, las balas homicidas alcanzaron a un síndico perredista en Tixtla, Víctor Hugo Romero Valencia. En junio, la víctima fue el exalcalde de Tetipac, José Mario Figueroa. Y hace un mes, fue ultimada la exregidora de Seguridad Pública de Chilpancingo, Nancy Soraya Cruz.
Eso es solo Guerrero. En Michoacán, un diputado local fue asesinado en marzo. En junio, un regidor del municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, corrió la misma suerte.
En julio, las balas alcanzaron al hijo de una regidora del municipio de Guaymas, Sonora.
Hace menos de un mes, fue secuestrado y ejecutado el vocero de la fiscalía de Guanajuato. Y en el mismo estado y apenas en la semana, mataron al coordinador de Morena en Moroleón.
Estos son más que algunos ejemplos recientes de violencia con connotación política. Y se dan en un año relativamente tranquilo, en el que no ha habido elecciones y medio país ha estado confinado por la pandemia. Pero eso cambia a partir de este mes, cuando formalmente arranca el proceso electoral 2020-2021.
En 2018, no menos de 152 políticos fueron asesinados, según un recuento elaborado por la empresa de consultoría Etellekt. Entre las víctimas, se contaron candidatos, precandidatos, aspirantes, exfuncionarios, líderes de partidos, alcaldes y otros servidores públicos en activo. De acuerdo a otro recuento de la violencia en 2018, obra en este caso de Animal Político, el estado con más políticos asesinados fue Guerrero, seguido de Oaxaca y Puebla.
Un patrón similar (o peor) podría repetirse en los próximos nueve meses. Como es bien sabido, la Cámara de Diputados se renovará en junio. A la par, habrá elecciones de gobernador en 15 estados, se elegirá legislaturas locales en 30 entidades federativas y estarán en juego los gobiernos municipales de todo el país, con la excepción de Durango e Hidalgo.
Eso significa que habrá miles de candidatos y decenas de miles de aspirantes. Y súmese a ese universo los funcionarios en activo que no intentarán elegirse. En esas circunstancias, la posibilidad de atentados es elevadísima. El riesgo de desestabilización no es menor.
A esto habría que añadir un riesgo adicional: posibles ataques en contra de personal de las instituciones electorales. En 2018, un supervisor del INE fue asesinado a balazos en Guerrero. En 2019, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentó una denuncia penal por presuntas amenazas.
Esto me parece un tema de primera relevancia: en un entorno de altísima polarización, un ataque en contra de personal del INE o del TEPJF tendría efectos enormemente desestabilizadores. Las autoridades deberían de estar tomando previsiones desde ahora para evitar ese escenario.
También deberían implementar una estrategia de contención de la violencia política. No es posible proteger a todos los aspirantes y candidatos, pero si es posible identificar a los que enfrentan las peores amenazas. Habría que empezar por la elaboración de un mapa de riesgos, la identificación de blancos potenciales y el despliegue de medidas preventivas en puntos estratégicos.
Sé que este tema no está en el radar de la opinión pública, pero me temo que pronto lo estará. Ojalá estemos preparados para ese momento.
