SERPIENTES Y ESCALERAS

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LA LISTA DE LA DEA

SALVADOR GARCÍA SOTO

Tras la captura y el próximo inicio de un juicio en contra del general Salvador Cienfuegos en la Corte Federal del Este de Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos tiene en su poder una lista en la que figuran otros militares de alto rango del Ejército mexicano, algunos de ellos generales y otros mandos medios que fueron parte de la estructura con la que operó el exsecretario de la Defensa Nacional en sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a favor del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit. Esa lista, que comentan fuentes del gobierno mexicano y confirman fuentes de seguridad en los Estados Unidos, será materia de futuras órdenes de detención solicitadas al Departamento de Justicia y algunas de ellas motivarían posibles detenciones con fines de extradición a la administración del presidente López Obrador.

Aunque las fuentes tanto mexicanas como estadounidenses no manejan nombres de quienes aparecen en ese listado, se asegura que se trata de oficiales y generales que estuvieron bajo el mando del general Cienfuegos y que fueron parte de la “red de corrupción” que desde las cúpulas del Ejército se coludieron con el mencionado grupo del narcotráfico y brindaron protección y ayuda en sus actividades delictivas al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, quien asumió el liderazgo tras la muerte de los hermanos Beltrán Leyva y quien, de acuerdo con los informantes de la DEA y las pruebas que dicen tener en conversaciones telefónicas y mensajes de texto salidos del teléfono del general mexicano, pagaba sobornos al titular de la Sedena a cambio de que lo dejaran operar el tráfico de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas desde Nayarit hacia Estados Unidos.

A pesar de que el presidente López Obrador ha declarado que no ordenará ninguna “limpia” en el Ejército mexicano hasta que se comprueben las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa en Estados Unidos, la realidad es que, aún antes de que Cienfuegos pueda ser sentenciado, la DEA podría activar y solicitar órdenes de captura contra otros militares mexicanos que aparecen también en sus investigaciones, algunos de los cuales están aún en activo y ocupan posiciones importantes en la estructura de la Sedena. La agencia estadounidense no esperaría necesariamente a que un juez determine la culpabilidad o inocencia de Cienfuegos y en ese sentido, si aquí el gobierno y la Defensa no se adelantan a hacer una depuración de aquellos que pudieron estar vinculados a las actividades presuntamente ilícitas del general exsecretario, podría ocurrir que tanto la Defensa como Palacio Nacional volvieran a ser “sorprendidos” con acusaciones y órdenes de aprehensión contra más miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Porque al final cada vez va quedando más claro que en el tema de la sorpresiva detención de Cienfuegos y la nula información que le dio la DEA al gobierno de México, hay todo un mensaje de la poderosa agencia estadunidense hacia la administración de López Obrador, a la que le perdieron totalmente la confianza tras el fallido operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, aquel 17 de octubre de 2019. No fue casual que la detención de Cienfuegos se produjera justo un año después de aquellos hechos que en su momento causaron una enorme irritación y molestia en Washington y especialmente entre los mandos de la DEA que habían armado toda la inteligencia y la información para la captura de Ovidio con fines de extradición, pero que fue echada a perder por la pésima instrumentación del operativo de la Sedena, la incapacidad del gobierno mexicano para reaccionar y someter a los grupos armados del Cártel de Sinaloa y, según lo declaró públicamente, la orden directa del presidente López Obrador de que soltaran a un delincuente acusado y solicitado por un gobierno extranjero, “por razones humanitarias”.

El nivel de hostilidad que se mostró en contra de México, en el golpe que significó la inédita detención de un exjefe del Ejército mexicano, tuvo que ver con esa mala relación y, sobre todo, con la nula cooperación que ha mostrado el gobierno hacia las agencias estadunidenses que, como lo ha dicho el propio presidente en estos últimos días, se acostumbraron a tener un alto nivel de injerencia y de cooperación con las instituciones mexicanas en los últimos sexenios y a las que se les cerraron no sólo las vías de comunicación y de cooperación, sino que además se les respondió con una estrategia de “abrazos, no balazos” y de reconocimiento a “los derechos humanos” de los capos de la droga, que derivó en cero golpes y detenciones de narcotraficantes y en la vergonzosa rendición de las Fuerzas Armadas en la captura y liberación de Ovidio Guzmán.

La guerra de la DEA contra el Ejército mexicano apenas empezó y no va a parar ni aún con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque la agenda de la poderosa agencia antidrogas, que siempre ha visto a México y a sus narcotraficantes como su principal objetivo y razón de ser, no depende de las coyunturas políticas ni de quien gane la Casa Blanca en las próximas votaciones. Sea Trump o Biden o incluso en medio de un conflicto postelectoral como el que se avizora en el país vecino, los mandos de la DEA y los fiscales y jueces de la justicia estadunidense seguirán su cacería contra los generales y políticos mexicanos.