PLATA O PLOMO

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DURAZO: UN BALANCE

ALEJANDRO HOPE

En menos de una semana, Alfonso Durazo dejará la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para irse a buscar la gubernatura de Sonora.

Esta es la renuncia más cantada en la historia de la República. Desde antes de llegar al cargo, todo mundo sabía que la Secretaría no era más que una parada temporal en la trayectoria de Durazo, en lo que llegaban los tiempos electorales.

Ese ha sido tal vez uno de los problemas centrales de su gestión. Nunca la imaginó como un compromiso de largo plazo, como una oportunidad para dejar un legado institucional duradero. Su objetivo casi único fue mantener la gracia presidencial y dejar abierta la ruta a Sonora.

Eso significó desde el principio la abdicación de su responsabilidad. Aceptó sin chistar la destrucción de la Policía Federal, a pesar de que eso lo dejaba como figura decorativa en el gabinete de seguridad. Peor aún, se sumó sin menor reparo al linchamiento y humillación de los policías federales que se emprendió desde Palacio Nacional.

Se negó sin pelear a ejercer el mando que la ley le confiere sobre la Guardia Nacional. El 4 de julio de 2019, se metió en tono desafiante un autogol de leyenda: “díganme ustedes el nombre de un civil que tenga el reconocimiento y la capacidad para dirigir a 50 mil militares”. Uno supondría que el nombre era el suyo y el civil era él, pero uno se equivocaría.

Y luego vino el Culiacanazo y la mentira descarada: en la noche del 17 de octubre de 2019, flanqueado por los secretarios de Defensa y Marina, salió a decir que la fallida detención de Ovidio Guzmán había sido producto de un patrullaje de rutina, no una operación largamente planeada. En los días subsiguientes, trató de cubrir la patraña mintiendo de nuevo y afirmando que solo había dicho eso porque “era la información con la que se contaba en el momento”.

Lo demás ha sido administración política de la inseguridad y la búsqueda desesperada de buenas noticias. En el periodo de transición, se puso como meta llevar a México en tres años a “los niveles de violencia de un país de la OCDE.” Cuando rápidamente se dio cuenta de que eso era inalcanzable, cambió de discurso y empezó a hablar de “punto de inflexión”. Pero la realidad es terca y le siguió recetando 3 mil asesinatos por mes.

Empezó a hablar entonces de “línea de contención”, sin reparar en el hecho de que la curva de los homicidios se empezó a estabilizar en abril de 2018, ocho meses antes del cambio de administración.

A últimas fechas, le ha dado por presumir una disminución de múltiples delitos. Y es cierto: la incidencia de diversas formas de delito ha caído en 2020. Pero por una razón ajena a la política pública: la pandemia. Es difícil que haya mucho robo a transeúnte o muchos asaltos en transporte público, cuando la gente está confinada, las calles están vacías y las micros avanzan sin pasajeros.

No todo es malo en el paso de Durazo por la SSPC. Deja una buena idea: el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, un ambicioso marco conceptual para la transformación de las policías municipales que alguien dispuesto a ejercer liderazgo pudiera llevar a la práctica. Y deja a algunos buenos funcionarios (no digo sus nombres porque me temo que halago en boca mía es vituperio en el gobierno).

Eso bueno no alcanza, sin embargo, para balancear lo malo: la abdicación ante el poder militar, la renuncia a ejercer el poder y la responsabilidad que la ley le confiere a la Secretaría, la decisión de administrar la catástrofe y no revertirla.

En su descargo, solo se puede decir algo: casi cualquier otra persona hubiera tenido resultados similares. El problema no es el secretario, sino su jefe.