La DEA y sus débiles pruebas contra Cienfuegos
Raúl Rodríguez Cortés
Las evidencias contra el general Salvador Cienfuegos entregadas al gobierno de México por el de Estados Unidos el pasado miércoles 11 de noviembre, no incluyen grabaciones telefónicas, ni videos, ni ninguna otra prueba que lo implique contundentemente, asegura a esta columna una fuente del más alto nivel en la secretaría de Relaciones Exteriores.
Se trata de un legajo documental que contiene, en un expediente de 743 hojas, las declaraciones de los testigos protegidos que lo imputan y las transcripciones de los mensajes de “Blackberry” que, presuntamente, habrían intercambiado el exsecretario de la Defensa Nacional y el hoy extinto Juan Francisco Patrón Sánchez, jefe en su momento del cártel H-2, una escisión de la organización criminal de los Beltrán Leyva.
“Las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero fincadas contra el general Cienfuegos son muy graves como para sustentarse solamente con la evidencia enviada por Estados Unidos”, comentó la fuente de la Cancillería.
De ahí que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero tenga el enorme reto de consolidar sólidamente la investigación que sobre el caso ha iniciado y que le notificó el miércoles pasado al general Cienfuegos, cuando fue entregado por los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que lo trasladaron al aeropuerto internacional de Toluca en un avión Gulfstream 4, matrícula N40VC.
El exsecretario de la Defensa Nacional solo estuvo 32 minutos en el hangar de la FGR donde fue recibido. Aterrizó a las 18:40 horas de la tarde y salió de ahí a las 19:12 horas con destino a su domicilio privado en Naucalpan. Se le realizó una revisión médica, se le notificó que estaba sujeto a investigación y se le pidieron datos de localización. No se le hizo la prohibición expresa de que no podía salir del país, aunque como militar, aún en retiro, debe notificar al alto mando cualquier movimiento al extranjero.
Si como se asegura, las evidencias obtenidas por la DEA son poco contundentes, poco ayudarán a la investigación mexicana, sobre todo si, como parece, se trata de pruebas obtenidas mediante intervenciones ilegales, como considera el ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga.
De cualquier forma, si la investigación de la FGR se consolida y se le consigna a un juez federal, tocará a éste determinar si procede juzgarlo por la legislación civil o declararse incompetente y entregarlo al fuero militar. Serían la justicia civil o la militar las que acabarían por decidir si Cienfuegos es culpable o inocente.
Para México y su gobierno se trata, por lo pronto, un éxito diplomático, una exigencia cumplida de respeto a la soberanía nacional y un desagravio a las Fuerzas Armadas, a partir de este argumento central: Si no se respetan los términos de la cooperación bilateral en materia de seguridad, la desconfianza que eso genera, incidirá y vulnerará los términos de la relación en todos los aspectos de la agenda binacional. Aún más, México no puede aceptar un trato diferente al de otras naciones: “¿Cómo habrían reaccionado el Reino Unido o Alemania si Estados Unidos hubiera detenido y fincado delitos a sus exsecretarios de la Defensa, sin siquiera informales que los investigaba?”, se pregunta la referida fuente de alto nivel de la Cancillería.
