¿DEBEN REGULARSE REDES SOCIALES?
ESTEBAN ILLADES
Después del autogolpe fallido de la semana pasada, los dueños de las compañías de redes sociales más grandes del mundo decidieron que ya no podían tolerar más a Donald Trump.
Mark Zuckerberg, de Facebook, vetó al presidente de la red durante la quincena restante de su mandato. Jack Dorsey, de Twitter, fue más lejos: lo vetó de manera permanente a él y a las cuentas que le prestaran sus subalternos para seguir tuiteando. Al mismo tiempo purgó la red de más de 70,000 cuentas que difundían contenido en pro del golpe.
Youtube, que pertenece a Google, apenas antier impuso un veto de siete días al canal del aún presidente de Estados Unidos y dijo que ese veto podría extenderse sin mayor problema.
Hay al menos tres puntos interesantes que tocar aquí. El primero y más básico es si lo que hicieron estas grandes compañías constituye censura. La respuesta, conforme a las leyes de Estados Unidos, es no. La Primera Enmienda a la Constitución, que tanto se cita en nuestro país vecino, protege a los particulares de censura por parte del Estado; lo que hagan particulares entre ellos no cabe dentro de este precepto y por lo tanto no afecta la libertad de expresión. La lógica estadunidense es que si un comercio o empresa niega un servicio a una persona, esa persona bien puede utilizar un servicio alterno. Es el libre mercado a todo lo que da.
No obstante, la discusión no debe de quedar ahí: dado que las grandes compañías trasnacionales son una nueva esfera pública de discusión, al grado de considerarse un oligopolio, queda la gran interrogante: ¿quién decide qué se vale y qué no? A fin de cuentas estamos hablando de redes donde millones de personas tienen acceso –gratuito– al discurso de los líderes mundiales. No en balde hemos sabido poco y nada de Donald Trump esta semana: su acceso a las masas se limita a la televisión, la cual –por cierto– ya no transmite sus eventos por considerarlos incitación a la violencia.
Segundo, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Durante su mandato, Donald Trump utilizó las redes –en particular Twitter, donde él mismo escribía sus tuits– para llamar la atención, para enardecer a su base y para transgredir las normas aceptadas en el discurso de Estados Unidos. En más de una ocasión, de hecho, sus tuits rompieron con los Terms of Service, con el contrato que uno acepta para poder utilizar una red social. Sin embargo, bajo la interpretación de Dorsey y su compañía, el valor noticioso de lo que escribía Trump en Twitter superaba al daño que pudiese causar su retórica.
Pero el contexto cambió: no sólo se pueden vincular al menos cinco muertes con el discurso de Trump y su llamado a la insurrección –una relación directa que no se había podido trazar antes–, sino que la propia estabilidad de la transición presidencial –que culminará el próximo miércoles– está en juego. Ante el llamado de los insurrectos a protestar en los próximos días, ante las advertencias de violencia que siguen latentes, las redes decidieron que era momento de pull the plug, o desconectar el cable.
Tercero: ése no es el único contexto importante. Durante la última década, el Congreso de Estados Unidos ha tenido audiencias públicas y privadas respecto al papel de la tecnología en la vida de sus ciudadanos. Durante la elección de 2016, cuando la desinformación –en particular a través Facebook– influyó en el voto de los estadunidenses, la pregunta que se hicieron varios congresistas es si no deberían regularse las redes sociales: en concreto si el internet se había convertido en algo de primera necesidad, como el servicio de luz o similares.
