LA CORRUPCIÓN EN LA CORTE, QUE NO VIO EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR
RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
Investigaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) empiezan a develar hechos de corrupción que involucrarían al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quién aun despacha como ministro del máximo tribunal del país.
A partir de esas pesquisas ha salido a la luz que durante la gestión de Aguilar Morales al frente del Poder Judicial Federal (2015-2019), se vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales, junto con algunos magistrados, operaron redes de corrupción para tramitar asuntos en los tribunales, liderados por el magistrado Jorge Camero; se licitaron a modo contratos de telefonía a sobre precio; y hasta se toleró que cárteles del narcotráfico dieran protección institucional a jueces y magistrados federales en Jalisco. Todo lo anterior como resultado de las investigaciones que la actual administración del Consejo de la Judicatura Federal ha llevado a cabo.
El viernes pasado fueron encontradas y congeladas cuentas de uno de los exfuncionarios del CJF: Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fungió como director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial.
Se trata del hombre al que el 10 de febrero de 2017 le encontraron en la cajuela de su vehículo oficial tres millones 400 mil pesos. Cuando se realizó el hallazgo, el automóvil estaba estacionado en el edificio de la Judicatura Federal, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la Montaña de la alcaldía Tlalpan. El exfuncionario siempre alegó que el dinero le había sido “sembrado” mientras estaba de viaje por Nayarit. Del asunto se dio vista inmediata al órgano de control interno de la Judicatura, pero su resolución se demoró hasta la llegada de la nueva administración encabezada por el hoy presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
Desde que Pérez Maqueda salió del cargo, la Judicatura le ha seguido diversos procedimientos disciplinarios por faltar a la verdad en la declaración de su situación patrimonial, por indebido resguardo y confidencialidad de información del Consejo y por causarle daño patrimonial al firmar contratos sin supervisar adecuadamente la correcta elaboración de los mismos. De hecho, ya ha habido sanciones dictaminadas en los procedimientos CPJF/PA/316/2017, CPJF/PA/043/2018, CPJF/PA/186/2018, CPJF/PA/102/2018 y CPJF/PA/301/2018, que lo inhabilitaron por uno, diez y veinte años y lo obligaron al pago de multas.
Ahora, con el descubrimiento de los millones de pesos depositados en México y el extranjero, la indagatoria apunta a que, como responsable de construir, conservar y dar mantenimiento a cientos de inmuebles del Poder Judicial Federal en todo el país (en el contexto de que debía estar lista la infraestructura necesaria para cumplir el plazo de la entrada en vigor del sistema de justicia oral), Pérez Maqueda acumuló una gran fortuna depositada en las cuentas congeladas el viernes por la UIF, y desde las que hay transferencias recurrentes a otras que estarían vinculadas a las de la presidencia de la Corte cuando al frente de ella estuvo Aguilar Morales. Por cierto, son contadas las personas que saben que el exfuncionario inhabilitado y sancionado es su vecino y conocido de años.
Así que todo apunta a un esquema de corrupción institucional de gran calado, desde las más altas esferas del máximo tribunal del país, en el que Pérez Maqueda era quien movía parte de los recursos irregulares que habría utilizado la presidencia de la Corte, según las investigaciones.
Cabe reiterar que éstas fueron iniciadas por el propio Poder Judicial Federal una vez que Aguilar Morales dejó la presidencia de la Corte, y validadas por autoridades federales (UIF y FGR) así como instancias extranjeras que indagan el delito de lavado de dinero, como el Grupo de Acción Financiera Internacional.
