* La FGR solicitó a un juez de distrito 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de diversos municipios de Guerrero por caso Ayotzinapa
Agencias:
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de distrito 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de diversos municipios de Guerrero por el caso Ayotzinapa y a finales de esta semana se espera que se judicialicen más casos de funcionarios de diversos niveles por estos hechos.
Así lo informó durante un mensaje a medios el titular de la institución, Alejandro Gertz Manero, quien aseguró que se acabó la verdad histórica y detalló que estos mandamientos judiciales son por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República.
“Esas órdenes de aprehensión se unen a las obtenidas el 10 de marzo, en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República; entre ellos, Tomás “Z”, quien huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente”, explicó.
El Mochomo
Gertz Manero informó que ayer se obtuvo la orden de aprehensión contra Ángel Casarrubias. El Mochomo, cuya participación es de notoriedad en el caso y que a finales de esta semana judicializarán los casos de otros funcionarios de diversos niveles y darán información sobre los restos humanos que fueron enviados para su análisis a la Universidad de Innsbruck.
“En septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.
“Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas”, enfatizó.
El funcionario dijo que en 2019, ya la nueva Fiscalía, a través de la fiscal Especial en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, así como del fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, inició nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, ya que son, fundamentalmente, la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas.
