- Esta disposición busca garantizar un ambiente libre de presiones para que la ciudadanía emita su voto con plena libertad
IRIS ROMÁN
TUXPAN
En el marco del actual proceso electoral, las autoridades electorales han reiterado que está prohibida la colocación de propaganda política cerca de las casillas electorales. Esta disposición busca garantizar un ambiente libre de presiones para que la ciudadanía emita su voto con plena libertad y sin influencias externas.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), partidos políticos, candidatos y simpatizantes tienen estrictamente prohibido colocar o distribuir propaganda a menos de 50 metros de las casillas. El objetivo es proteger el principio de equidad y asegurar la neutralidad del entorno durante la jornada electoral.
En caso de que se detecte propaganda dentro del perímetro prohibido, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de ordenar su retiro inmediato, incluso con el uso de la fuerza pública si es necesario. Esta medida también contempla sanciones para los responsables que incumplan la normativa.
A nivel local, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz también actúa en coordinación con el INE para vigilar que se respete esta disposición. Aunque el INE es el principal ente fiscalizador, los OPLEs tienen una labor complementaria en la supervisión del proceso electoral en cada entidad federativa.
Los organismos electorales han exhortado a los representantes de partidos políticos ante el Consejo General del organismo a mantenerse atentos y presentar denuncias formales en caso de detectar propaganda indebida.
Los ciudadanos también pueden participar activamente en la vigilancia electoral. Si observan propaganda en zonas cercanas a las casillas, pueden presentar denuncias ante los consejos distritales o municipales del INE, quienes verificarán los hechos y procederán conforme a la ley.
Cabe señalar que los partidos políticos están obligados a retirar su propaganda electoral antes de la jornada comicial. En caso de incumplimiento, las autoridades están facultadas para retirarla y aplicar las sanciones correspondientes.
