El Síndico dejó en claro que la ley electoral marca que no se deben desviar fondos públicos o utilizar vehículos oficiales para el trabajo que se realice, “lo que no es correcto es que se utilice material de las dependencias públicas para hacer campaña”.
Explicó Benítez Ponce que el hecho de tener un cargo de elección popular no quita el derecho “inalienable” de participar en una campaña, pero si se hiciera mal manejo de los recursos del erario público con fines partidistas, se incurriría en delito.
