Agregó que desde el momento en que se les hizo una valoración a los niños, tomaron la determinación de mantenerlos bajo resguardo, con la anuencia de la autoridad competente, que es la Fiscalía, misma que está llevando a cabo las indagaciones correspondientes para deslindar o, en su caso, tomar las medidas correspondientes contra quien resulte responsable, si llegase a haber la tipificación de algún delito comprendido dentro del Código Penal.
Afirmó que todo se ha hecho conforme a derecho, enfatizando que la Ley señala que cualquier persona que vea a un niño en situación de peligro, está facultada para hacerlo saber a las autoridades competentes y se tomen las medidas conducentes, a modo de resguardar la integridad física y psicológica del menor, y es lo que ha hecho la institución con estos dos pequeños, apegándose a la norma.
Explicó que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y no nada más a nivel estatal, sino federal e internacional, contempla un concepto que se denomina “el interés superior del menor” y que está por encima de los derechos de los adultos y del mismo derecho de ser padres, por lo que la Procuraduría, a través del Sistema DIF, atiende todas las denuncias que se presentan, ya sea personales o de manera anónima, como en este caso.
