Señaló que la empresa Gasomex se escuda en un contrato que ya no tiene vigencia, por lo que, las 82 familias de los campesinos asentados en la región no tienen la obligación de respetar los acuerdos ahí convenidos para la construcción del gasoducto que ya daban por olvidado, ya que en algunos casos atraviesan sus propiedades por los costados, aunque en otras, cruzan por mitad de las parcelas de donde obtienen sustento de sus familias.
Hasta el momento han denunciado a través de las instancias correspondientes tratando por las “buenas” llegar a una conciliación pero al observar que son autoridades las que apoyan estas acciones, con amenazas y humillaciones, el entrevistado teme, provocarán un enfrentamiento con los campesinos.
Afirmó crearan una comisión para dirigirse a Veracruz para solicitar a Luis Ángel Bravo Contreras, Procurador General de Justicia, su intervención para llegar a un acuerdo y el pago correspondiente de los daños ocasionados por Gasomex a los ejidatarios de la región.
