Se indicó que todo ello está dentro de la Ley, pues cada instancia tiene delegadas sus responsabilidades, correspondiendo al departamento de Prevención y Reinserción Social notificar sobre los cambios de sitio que hagan de los que están detenidos.
Dejó en claro, Paredes Sánchez, que él no oculta nada en lo absoluto, puesto que en la dependencia a su cargo no se ha notificado algo que pudiera ser dado a conocer a la opinión pública pero verificando otros casos de traslado encontró que debió transcurrir en promedio 30 días para que se hiciera lo correspondiente, pero indicó que pueden ser un periodo mayor o menor dependiendo de la carga de trabajo que puedan tener en Veracruz en el Juzgado Quinto de Primera Instancia, el que tiene los datos concretos del caso de la periodista y ex funcionaria de Boca del Río.
Los casos que se turnan en el juzgado quinto ascienden a unos 324 por año, cantidad que fue la acumulada en el 2013, de los cuales el 50 por ciento deben trasladarse por motivos diversos como el no alcanzar fianza, tardarse el trámite o lo que surja durante el proceso.