EL SECTOR ELÉCTRICO, REHÉN DE IDELOGÍAS
RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
El apagón del lunes ¿opera a favor o en contra de las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica que pretende el gobierno de AMLO? Para perfilar una respuesta, consideremos primero algunos hechos y después, el meollo de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
El apagón del lunes dejó sin luz a 4.8 millones de usuarios en el norte del país porque las nevadas y el frío extremo congelaron ductos y obligaron a que Texas cortara el suministro del gas natural que le compramos para generar aquí electricidad. Los cortes intermitentes y aleatorios que le siguieron ayer para balancear oferta y demanda del fluido alcanzaron a un millón 100 mil más, un total de 5.9 millones de afectados en 23 estados. Hasta anoche, un millón de usuarios seguían sin luz.
México importa casi 70% del combustible con que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la genera, porque durante décadas se dio prioridad a la producción de petróleo y se rezagó la de gas natural, a partir del criterio libremercadista de que es más barato comprarlo en el exterior que producirlo aquí. Pero resulta que las bajas temperaturas y el consecuente aumento de la demanda en EU, dispararon el precio del gas natural en más de cinco mil por ciento. México se vio obligado, desde principios de este mes, a limitar sus compras.
Una imperdonable falta de visión de largo plazo de la Sener, de Rocío Nahle, y de la CFE, de Manuel Bartlett, los llevó a cancelar proyectos técnica y financieramente viables para la construcción de infraestructura de almacenaje de gas natural, estratégicamente necesarios ante contingencias climáticas o de precios, por el prejuicio de la participación privada. Apenas el pasado 15 de febrero la CFE presentó un programa de almacenamiento para mitigar riesgos asociados al comportamiento de los precios.
Cierto es, por otra parte, que la generación privada de energía fue desplazando durante los seis gobiernos anteriores, la participación en el mercado eléctrico a la CFE, organismo que mediante regulaciones específicas se ha visto obligado a subsidiar a inversionistas nacionales y extranjeros con más de 400 mil millones de pesos desde que en 1992 comenzó a tomar forma la privatización del sector y, principalmente, tras la aprobación de la reforma energética de 2013, de acuerdo con datos oficiales.
Así que incompetencia, falta de previsión, corrupción y políticas favorecedoras de la generación privada serían causa de la debilidad de nuestro sistema eléctrico y los apagones, hechos que lo desnudan. Cuarenta y nueve días antes del ocurrido el lunes se registró otro que afectó a cinco millones de usuarios en el centro-occidente del país que se atribuyó al incendio de un pastizal de Tamaulipas de acuerdo con un peritaje de la Protección Civil local que después se supo que era apócrifo (sin que hasta ahora se haya dado cauce a la comisión de ese delito) y que acabó por atribuirse a la intermitencia de las energías renovables. Antes, en marzo de 2019, se registró otro en Yucatán. Tres grandes apagones en dos años del actual gobierno.
Éste está centrado en el salvamento de la CFE como empresa productiva del Estado. Desde el 15 de mayo del año pasado, definió la llamada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, cuya intención de marginar la generación privada fue invalidada por la Suprema Corte por violar el derecho a la libre competencia y dar una “ventaja indebida” a la CFE.
Tras el revés, AMLO envió al Congreso su iniciativa preferente de reforma eléctrica que básicamente delinea el orden de prioridad del mecanismo de despacho de las centrales eléctricas: 1. Energía producida por las hidroeléctricas (todas de la CFE), de acuerdo con volúmenes de agua, con sentido social y de reducción de desastres; 2. Energía generada en otras plantas de la CFE (nuclear, geotérmica y termoeléctricas); 3 Energía eólica o solar de particulares; y 4. Energía producida en ciclos combinados de empresas privadas.
