El artículo 55 de la Constitución mexicana establece que uno de los requisitos para ser diputado federal es no estar en servicio activo en el Ejército. Esto quiere decir que si un militar se encuentra en retiro puede ocupar una curul en el Congreso de la Unión. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa: en un país donde el Ejército tiene una gran capacidad de poder, estar en retiro solo es una formalidad administrativa, porque la sangre verde sigue corriendo por las venas de los militares en retiro.
Y este es el caso del general Alfonso Duarte, quien esta semana fue anunciado como candidato de la “oposición” (PRI-PAN-PRD) para ser Diputado Federal por el Distrito 5 de Baja California. Se presume como general en retiro, pero toda la narrativa que utiliza en los primeros días de su candidatura es militarista.
Tan solo 8 segundos después de iniciado el spot, la cámara enfoca el pantalón verde olivo del general, con zapatos de media bota caminando con pasos de militar. Se refiere al Ejército como “glorioso”. Presume haber participado desde un alto mando en Baja California durante el sexenio de Felipe Calderón, el precursor del poder que hoy tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Su eslogan de campaña reza “un paso al frente”, como las órdenes que se dan en el pelotón. Mientras lo dice, se coloca la mano en la frente para hacer el saludo marcial, trata de disimularlo llevando solo dos de los cinco dedos, pero la señal es clara: soy un militar.
En 2023, el general Alfonso Duarte intentó ser el candidato a la gubernatura de Morelos. En aquel entonces afirmó que tenía el visto bueno del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. ¿O sea que los generales en retiro siguen subordinados a lo que diga el comandante? Imagínenoslo legislando, levantando el teléfono para preguntar si el sentido de su voto le parece bien a los que despachan en Lomas de Sotelo, Ciudad de México. O fungiendo como operador de las leyes que las fuerzas armadas necesitan para perpetuar el poder y la opacidad.
En 2022, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en conjunto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste publicaron un “Informe sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California entre 2006 y 2012”, justamente en los años que el general Duarte presume haber comandado al Ejército en esa entidad federativa.
En este informe, las organizaciones lograron documentar que el contexto de violaciones a los derechos humanos que se vivió en Baja California por aquellos años se dio en gran medida por una política de operaciones militares que tenían el objetivo de “atacar a personas vulnerables con el fin de mostrar logros ante la opinión pública”.
En el texto “La militarización de la vida y la seguridad pública: amenazas a la estabilidad democrática y la paz en México”, de la organización México Unido Contra la Delincuencia, se da cuenta que una de las formas que ha adquirido la militarización en el país es “el uso de la influencia política por parte de los militares para impulsar reformas legales e institucionales que justifiquen su presencia en estas funciones”. Esto, documentado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX.
Las publicaciones en redes sociales del general Alfonso Duarte confirman lo dicho por las organizaciones en sus informes. Por una parte, el general osa presumir que enfrentó al crimen organizado en Baja California, y coloca fotos de personas detenidas y audios del presidente Calderón felicitándolo. Por otra parte, ha dado entrevistas –sobre todo cuando quiso ser candidato en Morelos– sobre lo que él llama el derecho a la participación política de los militares.
Su carácter de retirado es un disfraz. Alterando el viejo refrán: Aunque de retirado se vista, militar se queda. Y eso es un riesgo para la democracia. La Constitución mexicana tutela que el militar retirado sea aquel que de plano ya no participe ni responda a los intereses del ejército. En el caso del general Duarte, no sucede esto. Para muestra, la narrativa de su campaña.
