La corrupción, el cáncer de Latinoamérica
Por Lucía Mora
A lo largo de la historia, la corrupción ha sido uno de los principales rezagos para el desarrollo de la región latinoamericana. Ha funcionado como una de las mayores barreras para poder generar un verdadero bienestar y se ha encargado de permear todos los espacios de la vida social y política de los habitantes de cada uno de los países de esta región. Aunque no es una situación reciente, en los últimos tres años, los índices de corrupción de la región han reflejado un incremento significativo.
Al considerar que la corrupción es una cuestión difícil de contabilizar, los esfuerzos recientes para medir sus efectos han incrementado significativamente. Un ejemplo de esto es el reporte de Transparency International: Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, el cual es una recopilación de los respuestas obtenidas tras encuestar personas en 20 países de toda la región acerca de sus percepciones y experiencias sobre la corrupción. Este reporte destaca el hecho de que casi dos tercios de los encuestados manifestaron que este fenómeno está aumentando y más de la mitad sostuvo que el gobierno desempeña un papel deficiente en la lucha contra la corrupción. Resulta preocupante observar que dos instituciones cuyo rol es clave para una gobernanza efectiva son percibidas por los ciudadanos como las más corruptas, como lo son la policía y los propios funcionarios públicos.
Este reporte es un claro reflejo del sentir de la gran mayoría de los habitantes de la región latinoamericana. Lamentablemente, la corrupción es uno de las cuestiones que compartimos con la mayoría de los países al sur de México. Además de que es uno de los temas que históricamente más ha afectado nuestra región.
Por lo anterior, muchos debates y discusiones se han puesto en marcha respecto al tema. Mientras que unos afirman que sí es posible acabar con la corrupción, otros dicen que acabar con ella será imposible, al ser ya un rasgo cultural arraigado dentro de la sociedad. Respecto a esto, es importante mencionar que el discurso existente sobre la corrupción como rasgo cultural, tanto a nivel nacional como regional, representa más que una explicación lógica, una amenaza para poder sobrellevar esta problemática. Al entenderla como una característica inherente a la vida social de un país o región, se abre paso a la normalización de conductas que, al contrario, deberían ser evitadas y sancionadas. Es por esto, que el discurso de la corrupción como parte de la cultura no solo mexicana sino latinoamericana, provoca que los actos de corrupción de tanto autoridades como ciudadanos se vuelvan parte del status quo y comiencen a ser tolerados, generando así un ambiente alejado de la legalidad y el Estado de derecho. Por lo anterior, es de suma importancia acabar con este discurso y dejar de perpetuar esta explicación irracional, ya que más que ayudar a entender el fenómeno, obstaculiza el proceso para solucionarlo.
De la misma manera, al hablar de corrupción, es importante no dejar de lado el tema de la impunidad, considerando que ambos temas son los principales catalizadores de la exclusión social, derivada de la desigualdad de la distribución de ingreso, riqueza y oportunidades. Ambas cuestiones, tanto la corrupción como la impunidad, tienden a multiplicar los obstáculos para un desarrollo democrático pleno de cualquier país.
Al aterrizar lo anterior a hechos actuales, cabe destacar que ha habido un aumento en la visibilización de los casos de corrupción, lo que ha logrado desequilibrar las relaciones de poder, corruptas y deficientes de algunos países y ha generado una crisis de legitimidad en algunas democracias latinoamericanas. Lo anterior, se ejemplifica con el caso Odebrecht, que ha cobrado factura en diversos países de la región. Tras las confesiones del ex jefe de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se recabaron datos de que entre 2005 y 2015, su compañía había pagado $349 mdd en sobornos en Brasil, $98 mdd en Venezuela, $92 mdd en la República Dominicana, $35 mdd en Argentina, $34 mdd en Ecuador, $29 mdd en Perú, $11 mdd en Colombia y $10.5 mdd en México.
Lamentablemente, solo Brasil y Perú han realizado las investigaciones correspondientes. Colombia, Argentina y Ecuador están empezando apenas, mientras que México y República Dominicana han hecho muy poco, y Venezuela no ha hecho nada.
El caso Odebrecht en Perú, es un claro ejemplo de cómo un sistema democrático empieza a disolverse a causa de escándalos de corrupción. Las investigaciones que se han llevado a cabo han involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios del país y se han logrado importantes efectos en el escenario político y empresarial nacional. Por ejemplo, en marzo del 2018, Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el primer jefe de Estado en servicio de América Latina en dejar el cargo debido a la ola de acusaciones relacionadas con el caso Odebrecht.
Respecto a México, también ha habido importantes escándalos de corrupción relevantes que han sido factores claves dentro del escenario social y político del país, aunque, no mucho se ha hecho en materia jurídica para solventarlos. Ejemplo de esto es el caso de Odebrecht que, a pesar de ser uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel internacional, en México muchos de los funcionarios ligados a este escándalo, incluido Enrique Peña Nieto, se han mantenido impunes.
El breve análisis anterior es sólo una pequeña muestra de las profundas consecuencias que genera la corrupción, tanto en nuestro país como en la región latinoamericana. Es evidente que la corrupción es la principal manera de la que dependen algunos, si no es que la mayoría, de los funcionarios públicos para hacerse ricos a costa de la población a la que se supone deben de servir. Para acabar con ello, es necesario empezar por corregir las acciones diarias que rigen nuestro comportamiento en sociedad. De no ser así, existe el riesgo de normalizar los actos de corrupción a un grado en el que no habría posibilidad de una solución.
