Choca AMLO, con la poderosa élite
Por Raúl Rodríguez Cortés
Es inocultable la crispación y el enojo que provocó entre empresarios y ciudadanos que no votaron por AMLO, pero incluso entre muchos de los que sí, la decisión anunciada el lunes pasado por el presidente electo, en acatamiento al resultado de una votación que puede ser llamada como se quiera, menos consulta popular constitucionalmente válida, de cancelar la construcción del NAIM en Texcoco y optar por el proyecto de dos nuevas pistas en Santa Lucía, el reacondicionamiento del AICM y el mejor aprovechamiento del de Toluca.
¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Capricho? ¿Venganza? ¿Odio de clase? ¿Cambio de beneficiarios de contratos? ¡Qué dolorosa decepción si así fuera!
Creo, entonces, que una respuesta puede encontrarse en esta declaración que el presidente electo hizo el día del anuncio: “Hay desde ahora una frontera clara entre poder económico y poder político, el gobierno es para todos, no va a estar al servicio de una minoría, va a privilegiar el interés general, a lo que más convenga a la nación, les guste o no”.
Los últimos gobiernos -sin recato el que está por concluir- han privilegiado, si no es que se han subordinado, a los intereses de una poderosa élite con la que se han enriquecido hasta el descaro con la entrega de multimillonarios contratos y concesiones.
La decisión de AMLO sobre el aeropuerto es entonces un manotazo en la mesa, el mensaje de que hasta aquí llegaron los gobiernos que privilegian a una minoría, que para mandar se consultará a la gente y que el cambio de régimen va en serio.
¿Texcoco o Santa Lucía?, preguntó a la gente el presidente electo entre el 25 y el 28 de octubre pasados. Dijo en su momento: optaré por lo que el pueblo decida. Y muy buena su intención de recurrir a la democracia participativa. Pero fue una coartada, un argumento de inculpabilidad, lo que resultó el famoso sondeo.
Y le llamo sondeo porque, en los actuales términos constitucionales, eso no fue una consulta popular representativa, verificable y vinculante. En total votaron un millón 96 mil 990 ciudadanos, 696 mil 990 menos que el millón 793 mil 980 (2% de la lista nominal de electores) que exige el artículo 35 de la Constitución para que los ciudadanos puedan promover una consulta popular.
AMLO, hábilmente, vendió la idea de que el resultado sería vinculante, es decir, de aplicación obligatoria para las autoridades. Pero esa calidad solo se puede lograr -según la ley- si en la consulta vota 40% de la lista nominal de electores, es decir, 35 millones 879 mil 598 ciudadanos. En el sondeo de López Obrador solo votaron un millón 96 mil 990 ciudadanos.
Es cierto que las regulaciones de nuestra incipiente democracia participativa están llenas de candados, pero también lo es que contienen normas que ponen orden y eficacia, entre ellas la que mandata al INE a organizarlas en día de elecciones federales, es decir, cada tres años
