Una deuda con la primera infancia
Por Hernán Gómez Bruera
La decisión de eliminar el subsidio público otorgado a las estancias infantiles para transferir el dinero directamente a las familias -y que éstas decidan libremente cómo gastarlo y en dónde-, ha generado un animado debate. A tal punto es una decisión polémica que genera discrepancias dentro de la propia 4T.
Ciertamente, la medida tiene pleno sentido para la gran narrativa obradorista. Se trata de desmantelar un sistema de corrupción en el que han operado un conjunto de intereses privados dedicados a extraer rentas estatales, sean estos grupos empresariales, presuntas organizaciones de la sociedad civil u otros.
El gobierno ha señalado, por ejemplo, que el programa operaba con absoluta discrecionalidad, que los delegados de la extinta Sedesol asignaban subsidios a funcionarios públicos a través de compromisos políticos y que no se priorizaron las localidades con mayores desventajas, como determinó la Auditoría Superior.
No es casual que uno de los sectores más vociferantes contra el fin del programa de Estancias Infantiles sea el de los propietarios que han lucrado con ellas, algunos de los cuales probablemente estuvieron presentes en la manifestación del martes pasado frente a Palacio Nacional.
Sería interesante que las diputadas Jacquelina Martínez, del PAN, así como Dulce María Méndez y Lourdes Celenia Contreras, de Movimiento Ciudadano, expliquen qué hacían en aquella manifestación, qué clase de compromisos tienen con esos grupos a los que fueron a llevarles comida, según una fuente que estuvo presente en el acto.
Ahora, el tema merece un debate más profundo. Varios programas públicos presentan irregularidades. La solución no necesariamente es eliminarlos ni prestarse a sacar conclusiones rápidas. Más allá de que exista una red de intereses, cabe preguntarse si el suprimir este programa a rajatabla es una decisión correcta. Si bien es cierto que las estancias actuales no desaparecerán inmediatamente, no sabemos cuántas serán capaces de subsistir sin el subsidio público.
Gerardo Esquivel, quien llevó a cabo una revisión cuidadosa de los programas durante el periodo de transición, señaló recientemente en un breve tuit que Estancias Infantiles no era un mal programa. De hecho, fue evaluado en varias ocasiones, la mayor parte de ellas de forma positiva. No por otra razón el equipo de transición planteó mantenerlo.
Frente a este asunto, el gobierno debería escuchar a las organizaciones feministas y a los colectivos serios dedicados a la infancia. Las estancias, como bien plantean, no solamente son lugares donde uno deja a los niños para que los cuiden. Cuando funcionan bien, también supervisan la salud, pueden detectar casos de desnutrición, estimulan el desarrollo cognitivo y favorecen la estimulación temprana en el momento más importante para la formación del cerebro humano: de los 0 a los tres años.
Malú Micher, presidenta de la Comisión de Género del Senado e integrante de Morena, señala también: “El Estado no puede renunciar a ser el gestor protagónico de una política integral de acceso a la educación, ni dejar de garantizar el derecho de las padres y madres trabajadoras, lo que por momentos pareciera que está sucediendo”.
En su lógica de evitar intermediarios y reducir burocracias, la 4T ha optado por impulsar una gran cantidad de programas de transferencia directas. Sin embargo, ¿será que este modelo es válido para todos los casos? ¿Debe el Estado desentenderse de la oferta de servicios de cuidado infantil para simplemente dar dinero?
Las transferencias no son una fórmula mágica capaz de resolver todos los problemas. En algunos casos funcionan, pero no en todos, como señala el experto en política social Guillermo Cejudo. Pueden resolver una parte del problema, casi nunca el problema en su totalidad. Sería como pensar que basta con repartir condones para solucionar el embarazo adolescente.
8.7 millones de mexicanos tienen hoy entre 0 y 3 años de edad. De acuerdo a las proyecciones demográficas nacerán 13 millones a lo largo de este sexenio. Con ello, en los próximos seis años tendremos a casi 22 millones de personas en la primera infancia.
A juzgar por el presupuesto asignado, su visibilidad política y los programas prioritarios de esta administración, pareciera que la 4T -que ha dado en el clavo al crear políticas específicas para la juventud y la edad adulta- ha subestimado casi por completo la importancia de garantizar los derechos de este sector.
