MARTÍ BATRES
El próximo año los electores acudirán a las urnas a dirimir una cuestión: refrendar el aval a la actual coalición mayoritaria en la Cámara de Diputados o regresarle la mayoría a la coalición que tomó las decisiones legislativas en el período 1988-2018.
Existen sobradas razones para refrendar el respaldo a la coalición que triunfó en 2018.
La primera cuestión a considerar es el elevado costo social que representó para la población el conjunto de decisiones que tomó la coalición neoliberal integrada por el PRI y el PAN entre 1988 y el 2018. Es la época en que aumenta el IVA del 10 al 15%, se crean los impuestos a los depósitos bancarios, el IETU y otros, se altera el régimen del pequeño contribuyente y aparecen los gasolinazos. Se enajenan mil empresas de la nación.
Disminuyen las pensiones del IMSS y del ISSSTE. Se excluye la educación superior de la gratuidad y la responsabilidad pública. Se instrumenta la evaluación punitiva de los maestros. Se abandona al ejido. Se abarata el despido, se permite la contratación a prueba y por hora y se avala la subcontratación.
El segundo tema a considerar es la institucionalización de la corrupción. El período 1988- 2018 es el de las privatizaciones de cuates, la partida secreta, las pensiones millonarias de los expresidentes, la reforma para que delitos de corrupción dejen de ser graves. Es también la época de los aguinaldos dobles en el legislativo, los bonos "de productividad", los rolex, los moches y los sobornos.
Un tercer elemento a considerar es el contraste positivo logrado por la nueva mayoría, con sólo dos años de ejercicio. Ha mostrado vocación nacional y popular. No ha aprobado ni una sola privatización. En cambio, ha realizado reformas históricas para eliminar privilegios. Entre estas, la desaparición de las pensiones de los expresidentes, la reducción de los elevados ingresos de los altos funcionarios, la reintegración del Estado Mayor Presidencial a las Fuerzas Armadas, la utilización de la figura de la extinción de dominio para recuperar bienes robados a través de la corrupción y la eliminación de la condonación fiscal que ha permitido triplicar las aportaciones de los altos contribuyentes.
La nueva mayoría ha aprobado reformas como la elección por voto directo de los dirigentes sindicales, el sistema de salud público universal y gratuito, la derogación de la evaluación punitiva de los docentes y la gratuidad de la educación pública en todos los niveles, así como la pensión de adultos mayores y las becas a estudiantes y personas con discapacidad.
Este caudal de reformas progresivas no se hubiera aprobado por la vieja mayoría. Sus resortes sociales eran otros.
Al interior del órgano parlamentario también cambiaron las cosas. Se acabaron los bonos, los seguros de gastos médicos mayores, los sobresueldos, los aguinaldos duplicados y los “moches”.
Finalmente, una cuarta cuestión que deberá considerarse es la del tramo histórico para consolidar un proyecto. La coalición que surgió de la Revolución Mexicana duró 67 años bajo el cobijo de las siglas del PNR-PRM-PRI, la coalición neoliberal duró 30 años bajo las siglas del PRI-PAN. La actual coalición mayoritaria que encabeza Morena apenas lleva dos años. No creo que necesite 30 o 67 años para consolidar sus transformaciones, pero por lo menos sí requiere la siguiente legislatura para hacerlo.
Senador de la República
