Sigue vivo el caso Lydia Cacho
Ángel Álvaro Peña
Hace 15 años, el 16 de diciembre de 2005, la periodista y escritora Lydia Cacho fue levantada por un grupo de policías y trasladada a Puebla. En el trayecto fue torturada por varias horas. El delito sigue impune a pesar de que los autores intelectuales de esta cobarde agresión están plenamente identificados. Ellos son: el exgobernador de Puebla, Mario Marín; el exdirector de la extinta Policía Judicial del estado, Adolfo Karam; y empresario Kamel Nacif.
El motivo de esta agresión fue la publicación del libro Los Demonios del Edén: El poder que protege a la pornografía infantil, donde se les menciona como jefes de una red internacional de explotación sexual de niñas y niños de entre cuatro y 14 años.
Luego de 15 años de impunidad, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, libró nuevas órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif. Ahora la FGR está obligada a capturarlos por los delitos de detención arbitraria y tortura contra Lydia Cacho, quien señala: “Catorce años después de que me mandaran a secuestrar y torturar para proteger a la red de #TrataDeNiñas, nos hemos enfrentado en los juzgados, ellos con sus influencias y poder corruptos, nosotras con la razón”.
La carrera por la justicia ha sido incansable, no sólo por las amenazas que ha padecido durante estos años sino porque considera que de dejar de hacer un esfuerzo para que haya legalidad en el país, a cualquiera puede sucederle un caso similar y con altas posibilidades de que se vuelva un delito impune. Ahora que los emisarios del pasado hablan de una libertad de expresión coartada, vemos cómo en el sexenio de Vicente Fox sucedió este atropello, pero ahora consideran que no hay expresiones en libertad en el país.
A pesar de que la injusticia perduraba y traspasaba el tiempo del sexenio, la periodista solicitó al Comité de Derechos Humanos de la ONU revisar el caso ante la pasividad del Estado mexicano que, para ese entonces, 2014, se había convertido en cómplice abiertamente. Fue en ese año precisamente que la entonces PGR detuvo a un policía de los que torturaron a la periodista. Es decir, estaba identificado y ubicado, pero debió intervenir el organismo internacional para que se hiciera justicia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Era la primera vez que el Comité condenaba a un Estado por no proteger a una periodista y la primera vez que ordenaba investigar y sancionar a los responsables.
La detención de uno de los policías que torturó a Lydia Cacho, José Montaño, todavía en prisión, pero a punto de salir libre, fue considerada en México un acto de justicia en el caso. Así querían que quedaran las cosas, sin tocar un pelo a los verdaderos delincuentes que se vieron implicados no sólo por mandar torturar a la periodista.
La intención de algunos jueces y autoridades fue limpia, pero siempre se frustró ante el poder de los delincuentes y, sobre todo, de su amistad con hombres de la política. Así, el 11 de abril de 2019 se libraron finalmente órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif, el exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán; y el excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría de Puebla, Juan Sánchez Moreno. De estos, solamente Sánchez Moreno fue detenido, procesado y sentenciado por el delito de tortura.
