Declaró Ramírez Castillo que si bien PEMEX procedió penalmente de tal forma, se debió a que todas las instancias de diálogo con los “paracaidistas” se vieron agotadas. “Se trata de un recurso al que funcionarios de PEMEX se vieron obligados a recurrir, sin embargo el procedimiento legal está en manos de las autoridades competentes y no de los denunciantes”.
Aclaró que en el caso de los ciudadanos que mantienen posesión sobre un terreno propiedad del Gobierno Municipal, junto al fraccionamiento Revolución, existe también una denuncia penal, ya que éste se encuentra destinado a la construcción de viviendas mediante un programa federal. “Pero insisto, nosotros no giramos órdenes de aprehensión, ya que no estamos facultados para hacerlo”, destacó el abogado.
Por último, aseguró que este problema tiene un claro trasfondo político, ya que en todo momento el Síndico Rodolfo Zaragoza Avendaño, como representante legal de la Comuna, intentó dialogar con los dirigentes del movimiento, sin lograr resultados positivos, de ahí que la situación haya llegado al punto de las detenciones.
