Detalló el informante que para el cumplimiento de dicha obligación, los servidores públicos debieron llenar unas formas facilitadas por la propia Legislatura, en las que anotaron una serie de datos sobre su situación laboral como: cargo que desempeña, dependencia u organismo en el que trabaja, área de adscripción, remuneración mensual neta y total de ingresos anuales.
Asimismo, añadió, ediles y funcionarios debieron indicar sus posesiones de bienes muebles e inmuebles, inversiones, cuentas bancarias y otros valores y gravámenes o adeudos que afecten su patrimonio, ingresos por otros trabajos y dependientes económicos, con el conocimiento de que “el servidor público que no cumpla, se hará acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas”.