-Como si se tratara de un delincuente peligroso, María Salomé Ortega Hernández, Subagente Municipal de la comunidad Rafael Valenzuela, en Gutiérrez Zamora, fue enviada al reclusorio de alta seguridad de Tepic, Nayarit
-“Encerraron a mi esposa por exigir calles pavimentadas y aulas para los niños ante Pemex”, reclamó Eder Villegas Cruz.
Por ISAAC CARBALLO PAREDES
Habitantes de la comunidad Rafael Valenzuela, del municipio de Gutiérrez Zamora, exigen la liberación de María Salomé Ortega Hernández, Subagente Municipal de aquella localidad, quien fue detenida de manera injusta con engaños por las autoridades, y quien desde hace una semana permanece recluida en el CEFERESO de Tepic, en el estado de Nayarit.
La mañana de ayer miércoles, integrantes de la Red Unidos por los Derechos Humanos y el esposo de la recluida, el señor Eder Villegas Cruz, reclamaron a las autoridades ministeriales del Juzgado Décimo Tercero del Poder Judicial de la Federación, el esclarecimiento de la situación que embarga a la detenida, a quien se le impuso una multa de 140 mil pesos para salir libre.
Destacó que el pasado miércoles 28 de octubre, la Subagente Municipal, Salomé Ortega Hernández, fue detenida con engaños por las autoridades, quienes se hicieron pasar por contratistas, requiriendo de su apoyo para buscar un río, con el fin de extraer agua y productos pétreos; sin embargo, en el camino le notificaron que se trataba de la ejecución de una orden de aprehensión, pero en ningún momento le mostraron un documento.
Se sabe que la señalada fue acusada por Petróleos Mexicanos, por el delito contra el consumo y riqueza nacionales, derivado del cierre de un camino a un pozo petrolero; una protesta que se realizó durante tres meses como resultado de la nula respuesta de PEMEX a la introducción de drenaje, pavimentación de calles y construcción de aulas.
Dichas exigencias se habían realizado durante mucho tiempo a PEMEX, debido a que desde hace más de 58 años, la empresa se ha negado a brindar apoyos a los habitantes de la citada localidad, y que por el contrario, se ha encargado de ocasionar daños ambientales, tanto al suelo, el aire y los afluentes de donde se abastecen las familias de campesinos.
Eder Villegas Cruz aseveró que PEMEX se ha encargado de criminalizar los reclamos de los habitantes, intimidando a aquel que se atreva a realizar una protesta en su contra, o en su caso, a bloquear de manera pacífica los accesos a sus instalaciones.
Por su parte, Alejandra Jiménez Ramírez, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, destacó que además de la amenaza y la intimidación de parte de PEMEX, también atenta en contra de los derechos universales de género de los campesinos, ya que no se pueden defender.
Reiteró que esta forma de actuar se ha hecho frecuente en la comunidad de Rafael Valenzuela, ya que con ella son tres los subagentes municipales que fueron amenazados por realizar protestas, denunciando los abusos, daños ambientales y la incapacidad de la empresa para rendir cuentas por los perjuicios causados a la comunidad.
“Se aprovecha de la condición humilde de los habitantes, en el caso de María Salomé Ortega Hernández, ya habían pasado siete meses de los hechos por los que fue inculpada, ella ya se había separado de las manifestaciones, debido a su embarazo de alto riesgo, pues tenía preclamsia, fue detenida hace una semana, cuando ni siquiera ha cumplido la cuarentena, y por mandato de PEMEX, la separaron de su hija”, destacó.
Además de ser separada de su recién nacida hija, a quien no ha podido amamantar, ya que se encuentra internada en un reclusorio de alta seguridad; debe pagar una multa de 140 mil pesos para salir libre, un recurso con el que no cuentan sus familiares, ya que se han visto en la necesidad de recurrir a una afianzadora para obtener el dinero.
