-Quieren que se aplique verdadera justicia laboral, después de haber sido separados de sus funciones
Por Jesús Rodríguez
Exempleados de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, demandan diálogo con el Gobernador, a quien solicitan audiencia, para exponer que hacia ellos no se ha aplicado una verdadera justicia laboral, después de que el gobierno pasado, desapareció los espacios de trabajo en donde venían laborando, para resguardo de la integridad de la población.
Defraudados por los abogados que han llevado sus casos, después de haber interpuesto sus correspondientes denuncias por despido injustificado, señalan que fue el primero de julio del 2015, cuando desapareció la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla y desde entonces han tenido que enfrentar un sinuoso camino para reclamar sus derechos, en tanto que sus familias y su salud, son las que sufren las consecuencia del acto injusto al que fueron sometidos.
“No estamos pidiendo nada que no sea justo”, señaló Roberto González Ramírez, quien prestó sus servicios a la dependencia durante 22 años, colaboró en el esclarecimiento de varios hechos delictivos en la zona, y hoy tiene que sufrir las consecuencias del mal tratamiento que recibió por parte de la SSP para su diabetes, que lo llevó a perder una de sus extremidades, pues ni siquiera lo dotaron de la correspondiente seguridad social.
Al grito de “Queremos Justicia!”, los trabajadores se plantaron la tarde de este miércoles en el monumento a los Petroleros, en la Plaza Cívica, de Poza Rica, en donde demandaron ser atendidos por parte del mandatario estatal, pues recuerdan que fueron ellos quienes precisamente realizaron la toma del Palacio de Gobierno en noviembre del año pasado, después de la salida intempestiva del exmandatario Javier Duarte de Ochoa.
Daniel Hernández Hernández, otro elemento de Seguridad Pública, que prestó sus servicios durante 22 años, y quien sufre de diabetes tipo II, y perdió un dedo de su pie derecho, señalan que están desamparados, y a la buena voluntad de sus familias, pues no cuentan con recursos económicos para la atención de sus necesidades médicas.
Por su parte la señora Consuelo Carballo, quien sufrió junto con su marido, un expolicía de Poza Rica, la desaparición de su fuente de trabajo, describe que desafortunadamente su hijo mayor tuvo que abandonar sus estudios profesionales, para dedicarse a trabajar después de que su papá se quedó sin sustento económico. Misma situación ocurrió con su mejor hija, quien iba a la preparatoria, y tuvo que truncar su formación hasta en tanto encuentra un nuevo sostén en el ámbito económico, que les ayude a sobrellevar la situación.
Fueron más de 380 el número de elementos del excuerpo de seguridad que operaba en Poza Rica, de los cuales aún 120 siguen peleando mediante recursos legales, su correcta indemnización después de años de servicios prestados a la Secretaría de Seguridad, y en donde esperan respuesta de parte del mandatario estatal, ante esta situación.
