Agencias/
Ciudad de México (EL UNIVERSAL).-
El volumen de recursos ilícitos generados en México de 2019 a 2021 ascendió a un monto aproximado de 43 mil 943 millones 618 mil 28 pesos, revelan datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el documento Evaluación Nacional de Riesgos 2023 que la SHCP presentó a la secretaria del departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen durante su visita a México se destaca también que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales propone la creación de un "Protocolo de Actuación UIF-INE-FISEL", que debe ser contemplado como una acción inmediata que conlleve a prevenir el financiamiento ilícito en el ejercicio de la política.
Respecto a la estimación de los recursos ilícitos, se tomaron como base las 21 categorías de delitos graves que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) marca como delitos determinantes de lavado de dinero.
No obstante, se reconoce que dicho monto sólo representa una pequeña parte de los recursos ilícitos en el país, ya que el porcentaje de delitos que se denuncian es muy bajo.
Así, se pondera que el incremento del volumen de recursos ilícitos generados en México, tienen un impacto alto con consecuencias sociales, políticas, financieras y económicas con un nivel elevado.
Se pone de manifiesto que tanto en 2020 como en 2021 se identificó la operación de 46 organizaciones en el país.
En los últimos años las organizaciones pasaron de ser grupos que se dedicaban exclusivamente al negocio del narcotráfico a realizar otro tipo de actividades como el robo, la extorsión, el secuestro, trata de personas y la producción de drogas sintéticas.
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, tiene como propósito de identificar todos aquellos factores de riesgo del país en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
INICIATIVAS SENADO
Como riesgos se señala la falta de aprobación a las reformas relativas a este sector porque genera una ausencia de normatividad específica que impulse un mejor análisis de sus operaciones.
"En este contexto, la no aprobación de leyes o decretos del régimen en materia de prevención de lavado de dinero y combate el financiamiento al terrorismo, se considera un factor de riesgo, ante el cual se presentan elementos tales como la carencia de construcción de acuerdos en las comisiones por falta de acciones de comunicación y el deficiente apoyo en el proceso de dictaminación".
