En Santa Catarina, Nuevo León, en la colonia El Rodeo, ubicada en el parque La Huasteca, vecinos viven momentos de terror y miedo ante las invasiones, despojos, robos y terrenos tomados por la fuerza con enviados del gobierno municipal.
En los predios afectados comenzaron a aparecer mantas con el nombre de Marcial Herrera Martínez, funcionario recién integrado al área de Participación Ciudadana del municipio encabezado por el polémico Jesús Nava.
Ese gobierno en el que hoy se denuncian despojos.
El uso de tráfico de influencias es uno de los principales factores que denuncian los habitantes afectados, además del uso de la violencia y robo a los predios despojados.
El representante de los habitantes, don José Melchor Flores, advierte que han entrado a robar las videocámaras que se compraron con el dinero de la gente de esa comunidad.
Cuando se refieren al presidente municipal de Santa Catarina, lo catalogan como “una fichita” que utiliza al gobierno para obtener beneficios. Testimonios que pidieron ser anónimos, temen por represalias si dan sus nombres por la manera en la que han sido invadidos.
La Huasteca es una zona de alto valor ambiental y económico en el estado de Nuevo León. Cada metro ahí tiene historia, presión inmobiliaria y disputa. Justamente por eso cualquier movimiento irregular prende alarmas.
Si se utilizó el cargo para respaldar la apropiación de predios, el tema se convierte en un delito. Lo que está en juego no es solo tierra. En Santa Catarina el poder no puede convertirse en herramienta para desplazar ciudadanos. Y si alguien dentro del Ayuntamiento está cruzando esa línea, la responsabilidad alcanza a toda la administración, empezando por Nava.
GUERRERO: FUEGO AMIGO
El diputado federal de Morena, Javier Taja Ramírez, acusó públicamente a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Zipacná Torres Ojeda, de no presentar avances en la investigación del homicidio de su hermano, Ricardo Taja Ramírez.
Cabe decir, que el señalamiento ocurre dentro de un gobierno también morenista, el de Evelyn Salgado. Ahí está el punto. La exigencia de resultados en un caso de violencia no distingue partidos. Lo relevante es que la presión proviene desde la propia estructura del partido en el poder. No es un adversario político quien cuestiona. Es un legislador de la misma fuerza que gobierna el estado.
Hay además un trasfondo político inevitable. Javier y Ricardo Taja tuvieron militancia priista durante el gobierno de Héctor Astudillo. Hoy, ya bajo las siglas de Morena, como muchos otros, el reclamo se dirige al aparato estatal que responde a un gobierno de ese mismo partido.
La escena revela una incomodidad interna. En un estado marcado por la violencia, la Fiscalía es pieza central del equilibrio institucional. Cuando desde el oficialismo se cuestiona su desempeño, el mensaje trasciende el caso concreto y se instala en la narrativa de gobernabilidad.
Guerrero vuelve a exhibir que las tensiones más delicadas no siempre vienen de fuera. A veces se incuban dentro.
EN CORTO.- A propósito de Guerrero, Pedro Segura Valladares, empresario y aspirante a gobernar el estado, subió al escenario en su rancho “Vida en el Lago” para entonar fragmentos de un corrido que hace referencia a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, durante un concierto el 24 de febrero.
El episodio ocurre en medio de su proyección política en el estado. Segura fue detenido en agosto de 2025 por la FGR por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, dentro de una investigación relacionada con el caso Ayotzinapa. Días después obtuvo su libertad, al determinar un juez federal que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Hasta ahora no hay postura oficial del empresario sobre lo ocurrido.
