Castigo a los corruptos
Por Ángel Álvaro Peña
La capacidad de perdón que fuera anunciada desde la campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha transformado.
No fue suficiente dejar sin pensión a los ex presidentes y exponerlos ante la población con sus lastres y defectos.
Ahora será necesario que la voz de los mexicanos se deje sentir para que los delincuentes de cuello blanco sean juzgados.
No se trata de un cambio de opinión radical, sino de la apertura de una posición que ahora tomará en cuenta a la gente.
De cara a la población, el presidente electo presentará una consulta en marzo, donde la ciudadanía estará debidamente informada acerca de temas como la Guardia Nacional, el juicio a expresidentes por supuestos actos de corrupción, y la conformación del consejo asesor empresarial.
Hay quienes aseguran que en las elecciones del pasado 1 de julio el que ganó fue el descontento social y no Morena, seguramente estas personas erigidas a sí mismas como analistas, nunca asistieron a un mitin de campaña de López Obrador o de Morena. La inconformidad social, el llamado voto de castigo influyó de manera importante, pero no determinó el triunfo de ese partido que, a los cuatro años de haberle dado el registro, ya está en el poder.
La visión del presidente electo acerca de ese perdón y olvido, quien anunció a través de una amnistía que causó críticas, análisis y sorpresa.
Pudo advertirse que el peso de un próximo gobierno sin contrapesos reales podría ser rebasado por la gente que lo llevó al poder.
Ante esta posibilidad, la postura del equipo del presidente electo se abrió a la opinión pública en una consulta que ya no podrá sorprender ni extrañar a nadie, sino que deberá ser incorporada a la vida política de un México que opinará sobre las decisiones de su gobierno.
De esta manera, los mexicanos tendrán la palabra sobre si se castiga a quienes incurrieron en el delito de corrupción, sin perdón y sin olvido.
Así, en México habrá muchos que desde ahora estén borrando huellas, quemando pruebas, condicionando testimonio, y hasta amenazando a testigos.
Sin embargo, no es necesario investigar mucho, la población sabe quiénes son. En el país y sobre todo en Veracruz, donde la impunidad parece haber encontrado el paraíso. Parece mentira que los cómplices de un gobernador corrupto, tengan tanta suerte como para seguir en la calle y sorprendentemente, buscando chamba en el nuevo gobierno, en lugar de estar en la cárcel.
Javier Duarte de Ochoa necesariamente echó mano de gente proclive al delito de corrupción, él no les enseñó a robar, sino que aprovechó la experiencia de esta gente en actos de corrupción, para que lo ayudaran a embolsarse dinero a sus bolsillos.
Ahí están también Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Vicente Benítez González, Gabriel Deantes Ramos, Moisés Mansur Cysneiros, Juan José Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, entre otros.
Así como se estará preparando más de un político en borrar evidencias, así también deberían estar los mexicanos, reuniendo pruebas para señalar a los culpables de los delitos de corrupción en todos los niveles de gobierno, que en los últimos años existieron como una epidemia.
López Obrador dijo que la consulta sobre los temas de seguridad y castigo a la corrupción se debe realizar una vez que esté lista la reforma al artículo 35 constitucional para que la organice el INE.
“Es muy probable que la consulta para decidir sobre la Guardia Nacional la hagamos el 21 de marzo. El 21 de marzo yo espero que ya esté el artículo 35 y la propuesta que voy a hacer es que para entonces el INE pueda llevar a cabo esa consulta”, dijo Obrador.
Una vez más, los mexicanos decidiremos el destino de quienes nos robaron a todos. Porque tomar un peso del erario es un robo a la población que debió ver ese peso en obras, educación, salud, empleos que nunca llegarán a beneficiar a las mayorías.
Pero no es suficiente ver sólo a los funcionarios anteriores, como el propio presidente electo ha dicho, el rastreo de corrupción empezará desde el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En el caso de Veracruz se sabe que en las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte, se simuló la inversión de 165 millones de dólares en 183 obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación en centros de salud y hospitales que quedaron inconclusos. Algunas de ellas ni siquiera iniciaron.
Los hospitales y centros de salud, se difunde en el portal de Carmen Aristegui, fueron otorgados a empresas y funcionarios afines al gobierno. Tal es el caso de Tarek Abdalá Saad, quien era el tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, y al mismo tiempo, una de sus empresas en 2013 ganó la licitación pública en la que concursaron empresas afines.
Resulta imposible dejar pasar los delitos como si se tratara de una serie de buenos modales. Se aprende con el ejemplo, y mal ejemplo sería el hecho de que se hayan ganado las elecciones con la bandera de combate a la corrupción y termine por no aplicarse la ley en este concepto.
Así, México se acerca a una serie de eventos en los que la justicia privará por sobre todo y sobre todos. El gran apoyo de la población se reflejará en las urnas de una consulta que se llevará a cabo el 21 de marzo, y que deberá advertir sobre las consecuencias de una práctica que parecía un hábito natural de la clase política.
PEGA Y CORRE.- Los daños irreversibles a la naturaleza en Veracruz deberían ser delitos graves, sobre todo porque en casos como el de la fiesta organizada en la Isla Salmedina del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, la premeditación está implícita. El castigo consistió sólo en una multa de cuatro millones 30 mil pesos, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se paga y se corre el riesgo de que vuelva a repetirse un acto de barbarie como este…
