LEY BONILLA, UN EMBROLLO
LEGAL EN LA CORTE
RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
“No soy ni seré cabildera de nadie”, hizo saber a esta columna la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a propósito de lo aquí publicado sobre las presiones de que son objeto algunos ministros de la Corte, en vísperas de que resuelvan si se amplía o no de dos a cinco años el período de gestión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
En atención a su derecho de réplica, sintetizo los argumentos expresados en la carta que lo solicita: 1. Que acudió a la toma de posesión del mandatario bajacaliforniano como encargada de la política interior del país y en cumplimiento de la función de tender puentes de comunicación con todos los órdenes de gobierno; 2. Que la última vez que estuvo en la Corte fue en diciembre de 2019 durante el informe anual del ministro presidente Arturo Zaldívar, punto este último con el que sugiere que, al no haber estado en la Corte durante los últimos cuatro meses, no ha cabildeado, como aquí se dijo, a favor de la Ley Bonilla; y 3. Que su compromiso es con la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la cuarta transformación.
Es bueno saber que la responsable de la política interior del país ya no está cabildeando a favor de la Ley Bonilla y digo ya no porque fue público, a través de un video grabado durante la reunión de trabajo que sostuvo con el gobernador el día de su toma de posesión, que la secretaria de Gobernación aseguró que la impugnada ley quedaría firme.
Es pertinente decir además que, con la Corte cerrada por la emergencia sanitaria, hay otros medios, además del presencial, para establecer comunicación con sus integrantes. Pero, en cualquier caso, es buena noticia saber que el criterio de Sánchez Cordero haya cambiado.
El proyecto de resolución que propone al pleno el ministro Fernando Franco González Salas va por la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla. Argumenta que “permitir que sea extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular una vez expresada la voluntad en las urnas”, es un “fraude a la ley” que viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.
El gobierno de Baja California, por supuesto, tiene su propia interpretación sobre el diferendo.
Sus argumentos centrales los hizo llegar a esta columna el abogado Ángel Junquera:
- Que el gobernador Bonilla se registró como candidato conforme a una Convocatoria que establecía que el periodo de gobierno sería de cinco años (página 18 del Periódico Oficial del Estado de Baja California del 8 de marzo de 2019), misma que nunca fue modificada; 2. Que si bien su constancia de registro se le otorgó por dos años, ésta fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado, colegiado que rechazó la impugnación por considerarla extemporánea, no por haber resuelto el fondo del asunto; 3. Que al gobernador le “disminuyeron” el periodo para el cual solicitó su registro; 4. Que la constancia de mayoría que se le entregó después de ganar las elecciones fue por dos años, resolución que también se impugnó; 5. Que el anterior Congreso del estado (de mayoría opositora, no de Morena) emitió el decreto que hoy se impugna en la Corte para ajustar el periodo de mandato a los cinco años originalmente publicados en la Convocatoria; y 6. Que Bonilla rindió protesta para gobernar cinco años y que si la Corte vota a favor de reducir el periodo “abrirá la puerta a que cualquier Congreso pueda modificar el periodo de mandato de un representante electo en funciones”.
En la complejidad legal del diferendo se esconden las consecuencias que para el sistema político-electoral traerá la resolución que tome la Corte el lunes próximo.
Instantáneas:
- MÁS DATOS. El 12 de agosto de 2019, el PRD solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dejar sin efecto el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento número 1483 expedido el 25 de junio de 2012 a favor de Jaime Bonilla Valdez. El hoy gobernador de BC nació en Tijuana el 9 de junio de 1950 pero, según sus propias declaraciones, se mudó a Chula Vista, California desde finales de 1977 ostentando tener doble nacionalidad: mexicana y estadounidense. Tramitó el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento en 2012 para poder participar en la política nacional. Al obtenerlo se obligó (artículo 17 de la Ley de Nacionalidad) a renunciar a “toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente de aquel que le atribuya la otra nacionalidad”. Sin embargo, Bonilla Valdez violentó esa disposición al inscribirse en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para participar electoralmente para ocupar el cargo de Director de Departamento de Agua del Distrito de Otay en California, para lo cual es requerimiento obligado ser ciudadano estadounidense.
