PAOLA FELIX DÍAZ
A las y los mexicanos:
Todos los días se llevan a cabo 33 mil matrimonios infantiles en el mundo, a pesar de que está prohibido en casi todas las naciones; esta práctica lesiva trasciende países, culturas, religiones y grupos étnicos, de acuerdo con el informe “Estado Mundial de la Población. Contra mi voluntad: desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad”, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Día tras día -como lo señala el informe- cientos de miles de niñas en el mundo son sometidas a prácticas que les causan daños físicos y psicológicos con el consentimiento pleno de sus familias, amistades y comunidades, limitando su capacidad para participar plenamente en la sociedad y desarrollar todo su potencial. Las consecuencias se propagan y apuntalan los estereotipos y la desigualdad de género que motivaron actos violentos como la mutilación genital, el matrimonio infantil y la preferencia por los hijos varones, los cuales se han extendido por todo el orbe.
Bajo la figura del matrimonio, las niñas son “comprometidas, entregadas, comercializadas y vendidas”, lo que constituye un acto aberrante que atenta contra su dignidad humana e integridad, dejándolas sin oportunidades de desarrollo al conculcarles todos sus derechos fundamentales, independientemente de que otorguen su consentimiento, pues debido a su edad y al contexto social, económico y cultural en el que están inmersas, es claro que no lo hacen de forma libre e informada.
Por lo que respecta a México, el citado documento señala que el matrimonio infantil y las uniones tempranas afectan al 4.45% de las niñas entre los 12 y 17 años anualmente, lo que revela una realidad alarmante. Nuestro país está entre los países de América Latina con la mayor prevalencia de mujeres entre 20 y 24 años que se casaron o formaron una unión antes de los 18 años y ocupa el octavo lugar en el mundo en niñas casadas antes de los 18 años, es decir que una de cada cuatro (26%) contrae matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad.
Si no tomamos acción y conciencia, esta situación podría agudizarse, particularmente si consideramos que la directora de Girls Not Brides para América Latina y El Caribe refirió que, debido a la pandemia de Covid-19, se han agudizado los problemas económicos y de violencia en los hogares, por lo que seguramente muchas adolescentes recurrirán a las uniones precoces para escapar del abuso y la violencia que sufren, aunque es probable que terminen enfrentándose a la misma situación con sus parejas.
El matrimonio infantil es el resultado nocivo de la pobreza, pero sobre todo de la desigualdad de género y de lo constructos sociales que minusvaloran a las niñas y a las mujeres para ejercer una relación de dominación y abuso sobre ellas, presuponiendo la jerarquía de los hombres.
Sostengo que el matrimonio infantil constituye una tipología del delito de trata de personas, por lo que no basta con prohibirlo expresamente en la norma civil sustantiva, como ya lo han hecho diversas entidades federativas, e, incluso, aunque es fundamental la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver su inconstitucionalidad por ser una práctica que afecta el desarrollo a la libre personalidad, a la educación, a la salud, a la libertad y a la autonomía, no es suficiente, como no los son tampoco los Instrumentos Internacionales en la materia. Me parece que llegó el momento de tipificarlo como un delito grave a nivel federal, sin que medie para ello ninguna causa de exclusión a efecto de inhibir de una vez por todas, esta conducta.
No podemos soslayar que nuestro país tiene el deshonroso primer lugar en abuso sexual infantil de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a pesar de que se considera como un delito grave por la Constitución Política y que ocupamos el mismo lugar en embarazos en niñas y adolescentes.
Ante estas circunstancias, es indispensable avanzar en tres vías paralelas de forma inmediata: contar con un código penal único para que las conductas delictivas se juzguen con igual proporcionalidad y severidad en todo el país, y que la sanción no dependa de la armonización legislativa, de la competencia del Ministerio Público o de interpretaciones normativas a modo; combatir la impunidad y la corrupción que imperan en los sistemas de procuración e impartición de justicia; y emprender esfuerzos mayúsculos, humanos y presupuestarios, desde los ámbitos público y privado para empoderar a las niñas y adolescentes, otorgándoles servicios de excelencia y focalizados que les permitan tener un mejor presente y vislumbrar un futuro prometedor.
Evidentemente, estas acciones deben acompañarse desde la esfera personal en tanto integrantes de la sociedad, asumiendo que tanto las mujeres como los hombres tenemos la obligación de hacer conciencia sobre nuestras contribuciones a la perpetuación de la desigualdad y la violencia de género.
