Agencias
Xalapa, Ver.-
(AVC/Perla Sandoval)
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un daño patrimonial superior a los mil 699 millones de pesos en la cuenta pública 2023, informó la auditora general Delia González Cobos.
Entrevistada tras la entrega de los resultados de la revisión a la cuenta pública en el Congreso de Veracruz, dijo que de esa cifra 280 millones de pesos fueron detectados como daño a los poderes del estado.
“En esta ocasión tenemos un daño patrimonial de mil 699 millones de pesos, de los cuales 280 millones corresponden al estado, a los poderes del estado. Fueron 308 entes municipales más la cuenta consolidada, que lo tomamos como un ente adicional y de esos 309 fiscalizados el resultado fue mil 699 millones de pesos”.
Indicó que las principales observaciones se deben a la no comprobación del uso de los recursos públicos en obra e incluso hay casos de presunto desvío para campañas electorales.
“Son varias dependencias las que todavía tendrán que aclarar esos gastos generados y que no fueron aclarados. Son 280 millones de pesos lo que corresponde al estado y que tienen en la etapa de investigación con tendrán que hacer las aclaraciones”.
En el caso de las dependencias del estado, dijo que las principales observaciones son por falta de comprobación en el caso de las obras pues estas requieren un sinnúmero de normatividad que debe ser cumplida y que no en todos los casos se cumple.
“La falta de esos documentos generó que se determinara el daño patrimonial, hay comprobaciones que no fueron presentadas por los gastos que se realizaron o el caso de las obras que fueron pagadas y no ejecutadas”.
Además agregó que ante la conclusión de la actual administración será necesario que cuanto antes se presenten con la documentación correspondiente para que puedan hacer una buena entrega, en caso de no hacerlo estará sujeto a las responsabilidades que implique.
Detalló que de los 212 ayuntamientos 179 presentaron daño patrimonial, lo que significa que 37 fueron los que no presentaron inconsistencias.
Y sobre el uso de recursos públicos en elecciones dijo que sí tienen identificados algunos casos y que en todos se hicieron las observaciones pertinentes.
González Cobos además indicó que una vez que el Congreso aprueba la cuenta pública instruye al órgano para que pueda dar seguimiento a esos casos en donde queda pendiente las aclaraciones.
“Recordemos que la ley da siete años y en esos años vamos a revisar lo que está pendiente”.
