¿Quién paga los juicios en México?
ALFONSO PÉREZ
Todos tenemos derecho al servicio gratuito de los tribunales que administran justicia en nuestro país, en términos del artículo 17 constitucional, que además prohíbe las costas judiciales. Sin embargo, el sueldo y los gastos que implica ese servicio a cargo de los jueces se paga con los impuestos que el Estado recauda de los contribuyentes. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se asignaron $73,723,020,424 pesos al Poder Judicial de la Federación. Eso nos cuesta el servicio de la justicia federal solo por un año.
Entre otras reflexiones, lo anterior lleva a pensar sobre el origen de los conflictos que pretendemos que se resuelvan por los jueces de forma cotidiana. Al respecto, quisiera destacar dos abusos que llegan a los servicios de justicia, respecto a conflictos que pueden resolverse sin un litigio judicial costoso, pero que se opta por acudir a tribunales porque al fin es “gratis”.
El primer abuso consiste en utilizar los juzgados para resolver problemas que pueden resolverse en una mediación. Las partes deben ceder en algunas de sus pretensiones hasta encontrar un acuerdo razonable. Recientemente diversos medios de comunicación dieron cuenta sobre un problema recurrente: el pleito de dos padres por la custodia de sus hijos. Increíble pensar que una pareja que algún día estuvo casada y procrearon tres hijos, ahora no puede ponerse de acuerdo. El padre inició el procedimiento judicial en Israel y pidió en un juzgado de Morelos que se le concediera la restitución internacional de los menores a su país de origen. La madre mexicana resultó ser hermana de Nicolás Celis, productor de la película “Roma” de Alfonso Cuarón, y quien desesperadamente solicitó apoyo en redes sociales para que no se llevaran de México a sus sobrinas. Su amigo Guillermo del Toro pidió, a través de Twitter, la intervención del secretario de Relaciones Exteriores, quien inmediatamente giró instrucciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para detectar a las niñas menores cuyo padre deseaba llevárselas a Israel sin consentimiento de su madre. Mientras tanto, ella promovió un juicio de amparo para revocar la decisión de la juez de Morelos que concedió al padre llevarse a sus hijas. ¿Cuánto costó el servicio de administración de justicia para este caso? Se trata de un litigio que aparentemente continuará en los tribunales de amparo y que se pudo evitar simplemente con el acuerdo de los padres.
El segundo abuso encuentra origen en aquellos servidores públicos que generan actos de autoridad injustificados y que son cuestionados en los tribunales. Es el caso del titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Trujillo Arriaga, quien es responsable de los trámites administrativos que realizan los importadores de vegetales que deben cumplir con las medidas fitosanitarias que establece la ley. El pasado 14 de marzo, 15 senadores y 19 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Agricultura de ese país, Tom Vilsack, mencionando que el gobierno mexicano continúa retrasando el ingreso de papas, bloqueado durante siete años por una acción que resultó ilegal por parte de la industria mexicana de papas. Los legisladores solicitaron que sus contrapartes mexicanas respeten los acuerdos firmados entre ambos países y se permita el acceso de papas de Estados Unidos a México pues, de no ser así, cualquier petición del gobierno mexicano para ingresar al mercado estadounidense no se dará hasta que esto se resuelva.
Durante siete años los tribunales federales, incluida la Suprema Corte, han dedicado sus servicios para tratar de resolver solo un caso, que aún no se termina, a pesar de que el máximo tribunal del país, a finales de abril del 2021, determinó procedente la importación de papas de Estados Unidos a Mexico mientras cumplan las leyes de protección al campo. Casi un año después, el titular de Senasica sigue sin poder cumplir los acuerdos que firmó con su contraparte norteamericana y se le acusa de tomar decisiones administrativas poco transparentes.
Ojalá también en este caso intervenga de forma eficaz el canciller Marcelo Ebrard, para evitar un conflicto legal internacional que afecte el comercio de México y continúe sin razón litigándose en los tribunales de nuestro país. Al fin, la justicia es gratis.
