- El plan B electoral de AMLO y cuándo entrará en vigor: dos de las seis reformas electorales que empujó Morena, como su Plan B, ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación: la de comunicación social y la de responsabilidad de servidores públicos. Otras cuatro, electorales, están pendientes de trámite en el Senado, pero su aprobación, por mayoría simple, será un mero trámite apenas regresen a sesionar en febrero.
Todas estas normas ya están impugnadas, o lo estarán. Mientras no haya claridad sobre su constitucionalidad, los procesos electorales en curso —Tamaulipas, Coahuila y Estado de México—; la reestructuración del INE y hasta los procesos internos en partidos políticos para tener candidatos a la Presidencia estarán en una especie de limbo.
Justo por las posibles contradicciones entre las nuevas normas y la Constitución —y los riesgos que estos conflictos conllevan para servidores públicos y medios de comunicación— es que Claudia Sheinbaum y los diputados que la apoyaron para llenar con sus espectaculares el país, decidieron bajarlos apenas a tres días de haberlos montado.
A la par, es probable que en el INE surja, pese a una prohibición legal, un sindicato para defender los derechos de cientos de trabajadores que estarían siendo cesados o sus prestaciones disminuidas. Nuevos criterios judiciales le dan viabilidad, tal y como aconteció en el CIDE.
Las acciones judiciales de estas leyes se llevarán, en paralelo, ante varias instancias: la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y en juzgados de distrito. Así que pasarán varios meses antes de que tengamos certeza de qué reglas electorales estarán vigentes.
- El conflicto energético de Canadá y EU contra México: el tiempo de las consultas formales para destrabar conflictos eléctricos por los criterios que ha aplicado la 4T a empresas de ambos países ha concluido. Tanto Canadá como Estados Unidos esperan llegar a acuerdos favorables, que incluyan alguna compensación y que, desde luego, aborden otros temas de interés, de aquel lado, como detener la migración ilegal. Hay que ver qué sucede en la reunión entre los tres presidentes la semana entrante en la CDMX.
- La participación de China en las telecomunicaciones mexicanas y la presión de EU: Estados Unidos lleva años presionando a sus socios comerciales para frenar la tecnología china en las nuevas redes 5G y aduce un tema de seguridad nacional. Las empresas chinas señalan, en cambio, que son prácticas comerciales indebidas. Como sea, EU ha logrado que más de 60 países (incluidos todos los miembros de la OTAN) se adhieran a su iniciativa The Clean Network. México es clave en este tema por su inmensa frontera. Así que este año tendremos que decidir entre permitir el libre flujo de tecnología extranjera o pactar con EU. Lo que se defina afectará al gobierno federal —sobre todo a su Red Compartida, que tiene inversión china— pero también a empresas como Telcel y Total Play, que usan equipos chinos. Es una definición compleja que hasta ahora la 4T ha pospuesto.
- La relación de la 4T con la IP mediada por la FGR: el Consejo Coordinador Empresarial, a finales de 2022, logró posponer la votación de una iniciativa de Morena para que toda la persecución de delitos de competencia económica pase de la Cofece (y del IFT) a la FGR. De aprobarse, pues requiere de mayoría simple que por sí solo tiene Morena, la conducción de temas económicos pasaría de organismos técnicos y especializados a instancias políticas. Es un riesgo elevado para la IP, sobre todo para empresas que no llevan buena relación con la 4T.
- Las elecciones de 2023 y la antesala de 2024: las elecciones de este año habrán de poner a prueba la capacidad de la oposición para ser competitiva, pues tanto Coahuila como el Edomex son entidades que aún gobierna el PRI. Si la oposición es ganadora, los actuales gobernadores de esos estados y los presidentes nacionales de los partidos pueden aspirar a ser candidatos para 2024. Pero si se pierden, la oposición deberá iniciar la búsqueda de sus candidatos de manera externa.
