La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no se puede sacudir la corrupción que viene de sexenios pasados, pero que se ha exacerbado en el del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde tres directores han pasado por ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y nada parece cambiar.
El caso más reciente es el de Caja Sierra Gorda, propiedad de Jorge Cruz Ortega, que el pasado 6 de enero perdió la licencia para operar como sociedad financiera popular, pese a que intentó evitar o retrasar tal decisión entregando presuntamente por lo menos 2 millones de pesos al funcionario encargado de vigilar su índice de capitalización o NICAP.
Desde principios del año pasado se hicieron de conocimiento público los problemas financieros y las operaciones presumiblemente ilegales de la Sofipo con sede en Querétaro, pero sus accionistas operaron para mantener en un limbo el negocio a fin de venderlo en un buen monto o incorporar a socios que inyectaran inversión.
Una denuncia radicada en la Secretaría de la Función Pública, bajo el folio 2436069, exhibe conversaciones de Whatsapp que probarían que se estableció un acuerdo monetario con funcionarios de la CNBV para retrasar el anuncio de cancelación de licencia por prácticamente un año, aunque finalmente Caja Sierra Gorda no pudo encontrar un salvavidas.
Según la relatoría de la denuncia, fechada el pasado 9 de enero, “presuntamente en el mes de diciembre de 2022 el funcionario público Armando Martínez Ramírez, actual director general de la CNBV, recibió $2,000,000 (dos millones de pesos) de la sociedad financiera popular Caja Sierra Gorda, entidad que se encuentra en proceso de revocación desde el año 2022”.
De acuerdo con el documento, en el número celular 5529222485, Martínez Ramírez –en realidad director General de Supervisión de Sociedades Financieras Populares B– tuvo conversaciones con un subalterno que recogió el dinero, incluso le envió una fotografía de los fajos de billetes de 500 pesos tras haberlos contado y haberse asegurado de que era la suma acordada.
—¿Cuánto te dieron?
—Dos, los contamos.
—Sí estoy en la CNBV, pero mejor te veo en mi casa en la tarde. Para no andar cargándolo. Diles que muchas gracias y que estamos en el acuerdo.
—Ya les dije. Ok te marco en la tarde y nos vemos en tu casa.
—Armando, ya lo separé y volví a contar uno por uno. Sí viene completo los dos millones (sic).
—Ok, nos vemos en la tarde.
Se documentaron 2 millones en la denuncia, pero la naturalidad de las conversaciones y el tiempo que debió pasar para declarar insolvente a esta financiera, cuyos manejos irregulares ya se habían identificado en unos 200 millones de pesos, hacen pensar que los sobornos pudieron haber alcanzado un monto mayor.
A la par de la cancelación de la licencia, la Comisión presidida por Jesús de la Fuente instruyó a Casa Sierra Gorda iniciar con los procesos para activar el seguro de depósitos, a fin de amparar a los más de 18 mil ahorradores de la Sofipo por un monto de hasta 190 mil pesos para cada persona afectada.
La medida tuvo que ser anunciada por la financiera en un comunicado difundido a través de su página de internet, apenas el pasado jueves 12 de enero. En el documento se reconocen los manejos irregulares y se informa que comenzará un proceso de pago a los ahorradores en cumplimiento con la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
