23 de Noviembre de 2024

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América Latina y el Caribe enfrenta importantes desafíos para la seguridad alimentaria de la población. La desaceleración económica, la crisis climática, la pandemia de Covid-19, y el reciente conflicto en Ucrania, han producido efectos profundos en los sistemas agroalimentarios y la alimentación.  

Durante 2022 llegamos a los niveles más altos de los precios internacionales de alimentos y actualmente enfrentamos un ciclo inflacionario que afecta principalmente a los sectores más vulnerables que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.  

El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2022 publicado enero por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias de Naciones Unidas, pone el foco sobre un tema adicional vinculado a la falta de acceso a la alimentación de millones de familias en el mundo: una alimentación saludable es difícil de obtener y es un factor que amplía la desigualdad de ingreso. 

El informe concluye que la región de América Latina registra el costo de la dieta saludable más alto en comparación al resto del mundo.  El costo de esta dieta alcanza los 3.89 dólares diarios por día y persona en la región, mientras que el promedio mundial es de 3.54 dólares. En México el costo de una dieta saludable alcanzó 3.29 dólares, casi 62 pesos al tipo de cambio del viernes 27 de enero. Podemos ver en el informe que en el país esta cifra aumentó entre 2019 (3.07 dólares) y 2020 en el contexto de la pandemia. Además, la falta de asequibilidad de una dieta saludable, afectó a un 26.3% de la población en 2020, mayor al promedio regional de 22.5%.

El informe muestra cómo el aumento de los precios internacionales de alimentos y la inflación alimentaria afecta el acceso económico a alimentos nutritivos en especial de la población más pobre a quién el costo de la alimentación es 5 veces más alto que para la población menos pobre. Además, concluye que existe una asociación entre la falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable con los niveles de pobreza, desigualdad de ingreso y el crecimiento económico de los países; así como con los niveles de hambre y otras formas de malnutrición. 

Si bien en México se han hecho importantes esfuerzos por reducir la subalimentación, todavía encontramos a 7.8 millones de personas en esta situación y a uno de cada 4 en inseguridad alimentaria moderada o severa.  

Pero además del hambre, nos encontramos con el problema del sobrepeso y obesidad. Los números son alarmantes y aumentan cada año y en todos los países de la región. Más de la mitad de la población adulta padece de sobrepeso y uno de cada cinco son obesos. En México, afortunadamente estamos viendo una disminución en la obesidad en menores de cinco años, pasando de 6.7 en 2012 a 6.1% en 2020, pero la obesidad de adultos es casi del 30%. Todo esto mientras el 26.3% de la población mexicana no puede acceder a una dieta saludable.

Es por esto que en el país es de suma relevancia mantener y reforzar las estrategias de operación 2023 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en materia de alimentación, planteadas en la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), a fin de mejorar la atención a grupos prioritarios en todo el país.

México ha realizado grandes esfuerzos para conocer el estado de seguridad alimentaria y nutrición de las niñas y niños en edad escolar, y es de los únicos países en América Latina que se comprometió a medir los efectos de la pandemia en esta población. Juntos a la FAO y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha avanzado en proyectos relevantes con el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para llevar a cabo la evaluación del estado de salud y nutrición, y de seguridad alimentaria de niñas y niños en edad escolar. Esta evaluación permite tomar decisiones a nivel federal, estatal y municipal, basadas en evidencia para la implementación de políticas públicas que protegen el derecho a la alimentación de la población más vulnerable. Sin embargo, el reto todavía es grande y no podemos quitar el dedo del renglón.

El Panorama 2022 también propone acciones coordinadas desde la producción, comercialización y apoyo a consumos de los alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras. Para avanzar, es necesario invertir para mejorar la producción de alimentos nutritivos y potenciar la comercialización de los productos de la agricultura familiar que contribuyen a las dietas saludables. También fortalecer la información de productos y precios de mercados y el comercio para aumentar la oferta de alimentos nutritivos y potenciar su comercialización; y fortalecer la entrega de alimentos o programas de transferencias (en efectivo o especie) con educación alimentaria y nutricional. 

Con esta información, hoy sabemos de forma precisa que atender todas las formas de mala nutrición en México y crear políticas públicas que atiendan toda la cadena de valor desde la producción hasta el consumo, es de suma relevancia para mejorar la asequibilidad de las dietas saludables y así mejorar la vida de la población. Nuestra propuesta es clara: hay que volver a gobernar los sistemas alimentarios poniendo la salud y la nutrición en el centro. No tenemos alternativa.