Vamos cronológicamente. Layda Sansores, gobernadora actual de Campeche, exhibió las conversaciones del anterior gobernador de su estado, Alito Moreno, con un ejecutivo de Televisa, conversaciones de WhatsApp en las que los caballeros acordaban la compra de publicidad positiva.
En contra golpe, Televisa mostró videos de funcionarios de Layda recogiendo fajos de billetes en la casa de gobierno de la entidad.
Pero oh sorpresa, luego se supo que los mismos funcionarios de Layda fueron antes funcionarios de Alito y los videos datan de cuando trabajaban para él.
La realidad hace las mejores fábulas.
Y esta fábula ilumina varios asuntos. Uno de ellos es que las prácticas ilícitas –recoger fajos de billetes en un palacio de gobierno— no es privativa de un partido.
La practican Alito y Layda. La practican los políticos de la Derecha y los de la Izquierda. Y no, recitar a Marx no absuelve a los pecadores civiles.
Pero la fábula ilumina también otro territorio del que nadie ha querido hablar en la prensa a raíz del affaire Alito-Layda. ¿Es lícito que una televisora venda publicidad disfrazada de noticias? ¿Y es lícito que una televisora cobre una venganza publicando un reportaje?
La razón por la que nadie discute el asunto es clara. Según las reglas vigentes en nuestra comentocracia, al poder mediático no se le revisa ni se le cuestiona. Al único poder que se le sienta en el banquillo de los acusados es siempre y únicamente al poder político.
Bueno, habrá que decirlo en corto: no, no es lícito que un medio venda propaganda disfrazada de información, es un engaño al público. Y sin embargo es lo que el poder mediático en nuestro país hace a diario sin que nadie lo cuestione.
Seré cuidadosa. No todos los medios lo hacen, pero sí una gran parte.
Desde siempre esa parte de los medios considera que su principal cliente no es el ciudadano ávido de noticias, sino el poder político necesitado de prestigio.
Así, los periodistas gozan en esos medios de entera libertad, hasta que se topan con los intereses de los dueños, que los someten temporalmente al comercio del prestigio.
Este mes favorecemos al gobernador de Chihuahua, se les avisa. O bien: este mes no hablamos mal del presidente, porque el dueño está por firmar la concesión de una mina en Coahuila. Estoy citando a ejecutivos de dos medios.
Lo interesante también es cómo se cobra la propaganda encubierta: cuando se trata de campañas pequeñas, se cobran en pesos; cuando se trata de grandes campañas, en privilegios.
Condonaciones de cientos de miles de impuestos. Concesiones para abrir otros grandes negociosos: un banco, una mina, un centro hospitalario, una red de casinos…
No es raro entonces que varios de los magnates de los medios obtengan sus mayores ingresos de las otras empresas que poseen. El servicio al poder político lo dan en los medios, el cobro lo realizan en las otras empresas de sus consorcios.
Y sigo abriendo el mapa de la corrupción en México. ¿Cuánto de lo que ocurre en las cimas del poder económico de nuestro país es lícito y cuánto no lo es?
Basta revisar los flujos de dinero a las fortunas de los diez hombres más ricos del país para que revelen que su riqueza ha dependido de sus tratos con el poder económico y que una parte de esas interacciones han incluido el soborno.
Es sabido que muchas de las empresas transnacionales que operan en México destinan hasta un 10% de sus presupuestos a pagar coimas. Es probable que lo propio hagan las grandes empresas nacionales.
Y también es sabido que en nuestro país es raro que una empresa nacional o extranjera sea revisada y cuestionada por la prensa —o de mayor envergadura, por la justicia.
Nada, el poder económico juega golf con el poder judicial en México.
Escribía en mi columna del domingo pasado: al poder se le revisa y se le cuestiona, perfecto, pero no solo al poder político —si hemos de dejar de condonarle los ilícitos a los otros poderes.
