La gente de Petaquillas, un pequeño poblado del municipio de Chilpancingo, Guerrero, cercó el 7 de junio de 2022 a entre 25 y 30 soldados del Ejército mexicano.
Los militares recorrían la región tras una serie de hechos violentos que habían dejado en Chilpancingo y sus alrededores un rosario de muertos, heridos, negocios quemados y vehículos carbonizados.
Los habitantes desarmaron a los efectivos y los retuvieron, al lado del director de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, durante más de nueve horas.
No solo eso. Obligaron al coronel que iba al frente de las fuerzas a firmar una minuta en la que el Ejército se comprometía a dejar libre el corredor Petaquillas-Quechultenango, y en la que se autorizaba incluso a los pobladores a catear a los soldados para que estos no fueran a llevarse armas decomisados a los habitantes del pueblo.
Los militares, a quienes el pueblo acusaba de quemar casas y abrir fuego contra la población, fueron liberados de noche, bajo una lluvia de pedradas.
La zona quedó bajo el control absoluto del crimen organizado.
Eran los días más convulsos que se habían vivido en la zona en mucho tiempo. En Chilpancingo las escenas dantescas no cesaban. Relaté en este espacio cómo integrantes del grupo criminal los Ardillos rociaron con gasolina una casa de Loma Bonita a donde habían ido a encerrarse tres jóvenes que militaban del lado de sus enemigos, Los Tlacos.
Los Ardillos le prendieron fuego a la casa y atrancaron la puerta por fuera para que sus víctimas no pudieran salir. En medio de gritos aterradores, en poco tiempo todo quedó reducido a escombros.
Los enfrentamientos a tiros entre ambos grupos duraron a veces varias horas. La guerra fue bajando de las montañas y se metió a la capital del estado en lo que se conoció como “la guerra del pollo”.
Tlacos y Ardillos pelearon por la extorsión de vendedores de pollo de los mercados. Un día, en el Baltazar Leyva Mancilla, mataron al principal distribuidor de este producto.
Los criminales fueron más tarde a una granja avícola de Petaquilla –el dueño era hermano del distribuidor asesinado– y abrieron fuego contra seis personas que se hallaban desplumando aves. Algunas de las víctimas perdieron la vida en el acto. Otras intentaron correr. Entre los muertos había una niña de apenas 12 años.
En ese lapso de violencia desatada, taxis y colectivos fueron incendiados. Cientos de personas quedaron sin medios de transporte. Los Tlacos anunciaron que iban a emprender el exterminio absoluto de sus rivales y de toda persona que se pusiera de su lado: “Vamos a trabajar incansablemente para limpiar a Guerrero de todo ardillo que exista”.
Los Ardillos llevan operando en diversos municipios del estado, entre estos Quechultenango, con total impunidad, más de 25 años. El grupo fue fundado por el expolicía Celso Ortega Rosas, La Ardilla, y se dedicó al secuestro, el abigeato, el tráfico de drogas y la extorsión. Los líderes actuales son sus hijos, Celso y Antonio Ortega, hermanos del diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien ha llegado a ocupar incluso la presidencia del Congreso del estado y fue presidente municipal de Quechultenango entre 2000 y 2005.
La Ardilla entregaba ultimátums a sus víctimas para que dejaran sus casas y sus ranchos antes de 24 horas. Fue detenido en 2008, pero no duró ni tres años en prisión: un juez lo liberó, aprovechando las fallas judiciales de costumbre. En cuanto pisó la calle, lo exterminaron sus rivales de entonces: Los Rojos.
En lo alto de la guerra del año pasado entre Los Ardillos y Los Tlacos, fue asesinado en Chilpancingo el periodista Fredid Román Román, director del semanario La Realidad, y cuya familia se hallaba también vinculada a la venta de pollo. El hijo del periodista, Fredid Bladimir, había sido asesinado un mes antes.
Román Román culpó del homicidio de su hijo a Los Ardillos e incluso llamó a uno de los líderes para reclamarle. La respuesta fue que el que seguía era él, lo que se cumplió el 22 de agosto, cuando el periodista acababa de abordar su vehículo.
Durante la investigación de estos crímenes, y de la escalada de violencia que en esos días sacudía Chilpancingo, entre autoridades federales salió a relucir el nombre de José Deivy Barrientos Salazar, alias El Deivy, líder comunitario ligado a Los Ardillos.
La familia del periodista lo acusó de haber ordenado los asesinatos de Fredid Román y su hijo. El Deivy lo negó. Las autoridades lo relacionaron con la masacre ocurrida en la granja avícola de Petaquillas. Barrientos Salazar se fue del estado y no se le volvió a ver. Se le consideró objetivo prioritario del gobierno federal.
Ayer fue detenido en Puebla por la Marina, mientras paseaba a bordo de un Mercedes Benz. El parte afirma que llevaba “cristal” y un arma larga. Sus relaciones con organizaciones ligadas a la mafia, dicen las autoridades, no datan de “la guerra del pollo”, sino que vienen de más atrás: de 2014, un año crítico para el país, pero especialmente para Guerrero.
