“No marchen porque estarán defendiendo que el fentanilo esté en el cuerpo de nuestros jóvenes, que los pobres se queden más pobres y que las mujeres no gocen de una vida libre de violencia”. Cuando leí esta declaración y vi que se atribuía a Malú Micher, creí que se trataba de un error. Más tarde encontré el video y confirmé que la senadora sí mandó ese mensaje desde la tribuna de la Cámara Alta a quienes se manifestaron ayer en defensa del INE.
Fueron miles de personas en decenas de ciudades las que salieron a las calles a protestar en contra del llamado plan B de la reforma electoral. Exigieron frenar la reestructura del INE que implicará el despido de más del 80 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, quitará al Instituto su autonomía presupuestal y vulnerará la adecuada ejecución de sus funciones. El temor es que exista caos en la elección del 2024, con las consecuencias que eso puede acarrear para la democracia. Los convocantes centraron el mensaje en el respaldo a la Suprema Corte de Justicia para que defienda la Constitución a pesar de las presiones desde Palacio Nacional.
Defender el voto fue la principal consigna. El fentanilo no estaba en su radar. Mucho menos el impulsar con su movilización el que las mujeres sufran violencia. Este último punto preocupa porque Malú Micher encabezó el Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard y es actualmente presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado. Preocupa porque la misma persona que impulsó y celebró la aprobación de una reforma paritaria que permite a las mujeres participar en espacios políticos en condiciones de igualdad, plantea ahora que las mujeres que se manifestaron ayer lo hicieron a favor de quienes las maltratan.
¿Solo puede defender a las mujeres quien comparte la visión de un gobierno? ¿Discrepar de la postura del ejecutivo en torno a la conformación del órgano electoral convierte a alguien en promotor de la violencia machista?
De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros once meses del año pasado fueron asesinadas en el país 3,450 mujeres; 858 de esos casos se clasificaron como feminicidios. En un país en el que todos los días ocurren delitos graves por razones de género, debe hablarse con mucha responsabilidad en torno a la protección de las mujeres. No se vale mezclar un tema así de delicado y doloroso con asuntos político-electorales.
Tenemos el reto inmenso de revertir la violencia intrafamiliar, de disminuir las agresiones digitales, de erradicar los ataques con ácido y de dotar de refugios a las mujeres víctimas. Quienes hoy viven amenazadas requieren de atención urgente. Lo último que necesitan es una sociedad dividida y polarizada.
Los ciudadanos que acudieron a las plazas a expresar su preocupación por el debilitamiento de la democracia no tienen por qué ser insultados. Sugerir que promueven la violencia, que defienden a criminales o que impulsan el consumo de fentanilo es una ofensa. Si para ellos hay hoy descalificaciones por el solo hecho de manifestarse, quedará confirmada la postura autoritaria de quien no acepta la crítica y no está abierto a la discrepancia.
