México, como nunca antes, sigue enfrentando problemas vinculados con el narcotráfico, reflejado con los altos niveles de violencia y el aumento de otras actividades ilícitas como el secuestro y la extorsión. El control de territorio y las rutas para el trasiego de drogas son el epicentro de la lucha intestina dentro de las organizaciones criminales.
No se puede entender a la presente administración en la actual coyuntura, sin un análisis pragmático del estrepitoso fracaso en materia de seguridad; el cuadro nacional dantesco sobre la reinante impunidad palidece ante lo sucedido los pasados días en Tamaulipas con el supuesto secuestro —que no deja de extrañar por el protocolo del mismo— y la “confusión” alrededor del levantamiento de cuatro ciudadanos estadunidenses en el centro de Matamoros, a plena luz del día por el grupo delincuencial que está, en registros e informes de inteligencia, presuntamente relacionado con autoridades estatales y dirigentes del partido Morena.
El hecho ocurrido el 3 de marzo desencadenó más tensiones en la relación bilateral que pasa por momentos álgidos en la esfera comercial.
Varias lecturas se dieron ante el suceso violento por la absoluta impunidad en la que opera el Cártel del Golfo, señalado como el responsable de controlar parte del estado de Tamaulipas y cuyo hedor de corrupción alcanza las más altas esferas políticas mexicanas.
El timing no puede ser más desafortunado para la cuatroté.
Sucede justo cuando sigue escalando la narrativa en círculos legislativos y partidistas de los Estados Unidos para que, por un lado, sean etiquetados los cárteles como organizaciones terroristas y por el otro, se presiona a una abierta intervención militar para entrar a México a combatirlos.
En un artículo publicado en el Wall Street Journal, el exprocurador William Barr acusa a López Obrador “...conocido como AMLO, como el principal facilitador de los cárteles”.
Señalamiento delicado por quien lo hace y que no debería subestimarse, ya que se suma a la lista de quejas sobre los resultados de la política de los abrazos presidenciales hacia organizaciones criminales.
El caso de los estadounidenses levantados en Tamaulipas desencadenó serias presiones que culminaron con la instrucción de Biden al embajador Salazar para acudir al Palacio a sostener una reunión con López Obrador.
El resultado de la misma fue que 24 horas después los ciudadanos estadounidenses fueron hallados.
La rapidez y prontitud de los esfuerzos bilaterales para rescatarlos ocasionó un sinfín de cuestionamientos, pero uno evidente; la presión, el hartazgo, la molestia del gobierno de los Estados Unidos por el absoluto descontrol y omisión institucional ante el empoderamiento de los criminales que ponen en riesgo la cooperación, la relación y la seguridad nacional, ha llegado a un punto de inflexión.
En la realpolitik bilateral no hay coincidencias.
No hay casualidades sino causalidades.
Y el resultado de la podredumbre en Tamaulipas —donde la organización criminal entregó los cuerpos maniatados con los rostros cubiertos de los sicarios culpables del “levantón” de los estadounidenses explicando en una cartulina y ¡disculpándose! con la ciudadanía de los hechos— invita a concluir que en esa entidad la explicación más sencilla es la correcta: los canales de comunicación entre autoridades y crimen organizado son fluidos y hay elementos para sostener que se está convirtiendo en un narcoestado.
El efecto dominó apenas comienza sobre los múltiples impactos bilaterales y domésticos.
