Ante una postura rígida de Germán Larrea, en el gobierno se preparan para dar el siguiente paso: la revocación y retiro de la concesión.
Al presidente puede señalársele de autoritario, belicoso y obstinado, pero jamás de no ser directo: todas las decisiones, actitudes y formas de gobierno que hoy le observamos las anticipó durante sus más de 20 años de recorrido hacia su anhelado puesto. Por tanto, y tras dos reuniones previas, se antoja difícil que Germán Larrea y su Grupo México califiquen de “sorpresiva e inusitada” la acción militar y el decreto para tomar el control de 120 kilómetros de vías férreas concesionadas a su subsidiaria Ferrosur.
Estamos frente a lo que AMLO considera una negociación, con las desventajas que suelen enfrentar quienes negocian con el presidente de la República, a quien muy al estilo de Donald Trump le gusta poner de rodillas a sus contrapartes. Al final de cuentas se trata de una negociación de la que Grupo México y su propietario estaban enterados, y en la que recibieron diversas propuestas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del Presidente para ceder al Estado los derechos de sus tramos ferroviarios concesionados.
En dos ocasiones el magnate de la minería y accionista principal de Grupo México, Germán Larrea, se reunió la semana pasada con el Presidente. De acuerdo con dos fuentes con conocimiento directo de las reuniones, la mañana del miércoles 17 de mayo fue el momento en que López Obrador le soltó cara a cara la necesidad imperiosa de que la Marina tomara el control de los tramos comprendidos entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, en Veracruz, de tal forma que se acelerara el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al igual que el Tren Maya, dos obras prioritarias de esta administración.
Consciente de las formas y los alcances de López Obrador, el llamado “Rey del Cobre” ni siquiera se negó; se mostró colaborativo y le aseguró que buscarían opciones para que el gobierno y los efectivos de la Marina pudieran circular libremente por dichos tramos. Insistió en el proyecto de construir una segunda vía para uso y aprovechamiento de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, financiada con las regalías que el Grupo México entrega al Estado por el uso de la concesión.
Sin embargo, fue un mal cálculo de Larrea, pues la propuesta de una segunda vía ya había sido desechada anteriormente por el equipo de López Obrador, de manera que ofrecer una nueva infraestructura financiada con recursos que tendrían que ir a parar a las arcas públicas era despertar otra vez el apetito del Presidente, no tanto por la figura de “expropiación”, sino de la recuperación de una concesión pública.
Por todo esto, no fue una sorpresa para Grupo México encontrarse el pasado viernes con el decreto del Diario Oficial de la Federación en el que se declara de utilidad pública el uso de sus vías férreas y se ordena la ocupación temporal inmediata de éstas a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, compañía operada por la Secretaría de Marina. La negociación se mantiene en pie, pero ante una postura rígida de Larrea, en el gobierno se preparan para dar el siguiente paso: la revocación y retiro de la concesión, lo cual sí debería considerarse como un acto de autoritarismo.
Los más interesados en tomar control inmediato de las vías y de los patios de operación de Ferrosur fueron los almirantes de la Secretaría de Marina, a cargo de Rafael Ojeda. Contrario a lo que se piensa, fueron los marinos “los que apretaron” el tema, como explicación al despliegue de efectivos que el viernes por la mañana se efectuó en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz.
Para los marinos resulta una prioridad que se les otorgue este proyecto, cuando se han visto marginados ante la bonanza que hoy experimenta el Ejército.
