Tamaulipas se ha convertido en el narcoestado más escandaloso y visible de la República Mexicana. No sólo por su historia como una de las cunas del tráfico de drogas en el país, sino por sus números únicos cuando se habla de narcopolítica: tres gobernadores acusados de delitos similares por vinculación a la delincuencia organizada, dos de ellos presos y uno en libertad; un candidato a gobernador asesinado a mansalva por el narco y tres partidos que han gobernado el estado en su historia democrática, todos bajo la sospecha de trabajar bajo el mando del crimen organizado.
De los escándalos de Tomás Yarrington, a los de Eugenio Hernández y luego a los del panista Francisco García Cabeza de Vaca, el estado transitó en la pasada elección de 2022 al dominio de Morena, y todos pensaron que con la “cuarta transformación” habría un cambio y se recuperaría la autoridad moral y política en el gobierno del Estado. Pero oh, sorpresa: bastaron siete meses del gobierno de Américo Villarreal para que los tamaulipecos se dieran cuenta de que el dominio del narco tamaulipeco, con sus eternas pugnas entre los fragmentados cárteles, continúa en la actual administración, en la que resurge el Cártel del Golfo, que fuera golpeado y combatido durante el gobierno de Cabeza de Vaca.
Dos datos nos dan periodistas tamaulipecos para documentar que la presencia del narco en el gobierno morenista de Américo se ha incrementado: el primero, que el apoyo del CDG al actual gobierno no fue solo durante las pasadas campañas de 2022, sino que ahora personas directamente vinculadas al narcotráfico, y en particular al Golfo, hoy están ocupando cargos de todos los niveles en el actual gobierno, desde cargos burocráticos hasta posiciones de primero y segundo nivel en el gabinete del doctor Villarreal.
Y el segundo dato que es aún más escandaloso y grave para la República, es que la mayoría de los municipios de Tamaulipas, incluidos casi todos los de la frontera, de la región centro y hasta alguno del sur, están pagando en estos momentos “derecho de piso” a los cárteles del narcotráfico, que los obliga con amenazas, secuestros de alcaldes y hasta con presión política, a pagar cuotas mensuales que van de los 2 a los 3.5 millones de pesos, dependiendo del tamaño y la economía del municipio, a cambio de servicios de protección. Eso sin contar que muchos de los alcaldes tamaulipecos tienen entregadas a los narcos partes de su administración municipal como la Policía y seguridad, Protección Civil, basura y servicios de limpia y licencias y espectáculos municipales.
La mayoría de los alcaldes que han cedido a pagar extorsión y protección del narco han sido presionados a través de “levantones”, amenazas a sus familias y hasta con ataques y destrucción del Palacio Municipal, y deciden pagar las cantidades que les piden, por supuesto del presupuesto público, a cambio de salvar la vida y poder ejercer a medias el cargo para el que fueron electos.
El primer dato, de cómo el Cártel del Golfo ha recobrado vigencia y territorio en la frontera de Tamaulipas y en otras zonas del estado, se puede documentar con expresiones del líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez, Octavio Leal Moncada, que antes y después de la elección de gobernador del año pasado, se pronunció a favor de Américo Villarreal. “
