Unos días antes de que se quitara la vida, Raúl Padilla López recibió a un emisario del más alto nivel del poder, quien le mostró un expediente y le dijo que tenía dos caminos: ser encarcelado o huir.
El sábado 1 de abril, el exrector de la Universidad de Guadalajara (UDG) y presidente de la FIL y del Festival Internacional del Cine había tomado una decisión. Entregó a su chofer una maleta con varias cartas y artículos personales y pidió dárselas a sus familiares y colaboradores. Unos minutos después, en la planta alta de su domicilio, se suicidó disparándose por la boca, de la misma forma y con la misma arma que más de 50 años atrás lo hizo su padre.
El primero en saberlo fue su hermano Trinidad. Raúl Padilla al verse acorralado decidió dar su vida a cambio de que no persiguieran a su familia, principalmente a su hija Jessica y a su hijo Raúl, ambos medios-hermanos, según fuentes cercanas al exrector.
En la carta que escribió minutos antes de suicidarse recrimina a los gobiernos federal y estatal por ser sus enemigos y menciona que cada vez con más frecuencia y con mayor duración tenía episodios de pérdida de memoria ocasionados por el Alzheimer. Sin embargo, ninguno de sus familiares o colaboradores detectó nunca en Padilla este padecimiento. Unos días antes del suicidio estuvo en Europa disfrutando de unas vacaciones en compañía de su pareja, una fotógrafa de origen sueco.
La pugna entre Raúl Padilla con el gobernador Enrique Alfaro fue creciendo al grado de que el mandatario dijo que no aportaría recursos públicos para los negocios privados del rector y le canceló 140 millones de pesos para la construcción del Museo del Medio Ambiente.
El gobernador también reclamó que terrenos públicos donados a la Universidad de Guadalajara para construir infraestructura educativa e impartir educación gratuita estaban siendo utilizados por Padilla para construir vivienda de lujo y naves comerciales e industriales.
La solicitud de amparo por parte de la Universidad de Guadalajara por estos 140 millones de pesos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El encargado de ese proceso por parte de la Universidad de Guadalajara fue Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general y hombre de más confianza de Padilla. El amparo fue negado por improcedente.
Juan Carlos Guerrero Fausto es hijo de una líder sindical de la institución y quiere hacerse de la rectoría en el 2024, pasando por encima de quien sea, sabedor de que tenía toda la confianza y apoyo de Padilla.
Sus críticos aseguran que Guerrero generaba problemas en donde no existían para demostrarle a Padilla que él los resolvía.
Guerrero controla a más de 100 abogados de la Universidad de Guadalajara, cuyo sueldo se paga con recursos públicos, pero que presuntamente son usados para atender asuntos del despacho jurídico Pravo, del que el hijo de Padilla es el dueño y director, y Guerrero su socio.
Guerrero afirma que renunció a sus acciones del despacho legal para evitar un conflicto de intereses, pero en el registro público de la propiedad aparece como socio y en los hechos opera como tal, según las fuentes.
En 2015, Pravo, a través de Guerrero, fue el encargado de bloquear los accesos al aeropuerto de Guadalajara para que los gobiernos estatal y federal aportaran 2 mil millones de pesos, argumentando que los ejidatarios eran los inconformes por la falta de pago de la expropiación de unos ejidos.
Hace unos días se reunieron en Casa Jalisco el secretario de gobernación Adán Augusto López, el gobernador Alfaro y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Este último se comprometió a no competir por la gubernatura de Jalisco por Morena el próximo año y a terminar con la “guerra” dentro de la institución. Esto, dicen, se vuelve más complicado con Guerrero Fausto operando para sus causas y siempre con el nombre del ex rector de por medio.
