En Lago Chalco 76, en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, una joven de 25 años vivía un infierno. La madre de su pareja la drogaba para tenerla adormecida y no escapara. El padre de su pareja le llevaba clientes a su departamento, para que tuvieran relaciones sexuales con ella. Y su pareja, Sean Alejandro “N”, cobraba 500 pesos por cada una de estas relaciones.
En el teléfono de Sean Alejandro la policía halló imágenes que daban cuenta de las atrocidades a las que Montserrat Juárez era sometida.
Los vecinos reportaron varias veces los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Chalco 76. Llegaban patrullas, policías. Finalmente, no pasaba nada.
Más tarde, cuando Montserrat yacía muerta en una cama, un policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fredy “N”, les cobró a sus verdugos cinco mil pesos para conectarlos con una funeraria y conseguirles el certificado médico con el que pudieran cremarla. Sean “N” la había matado a golpes ese día, pero el policía reportó que el cadáver de Monserrat no presentaba signos de violencia. Aún más: mintió al asentar en su parte informativo que había contactado al ministerio público de Miguel Hidalgo para informarle de los hechos y asegurar que este había certificado que el cadáver no presentaba signos de violencia.
En el boletín correspondiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que se había recibido el reporte de una persona inconsciente, y que un hombre de 53 años (el padre de Sean Alejandro) les había informado que su nuera se había desvanecido y que presentaba trastornos alimenticios y respiratorios.
A partir del reporte de Fredy “N”, la SSC sostuvo que “al confirmar la ausencia de signos de violencia las autoridades ministeriales “autorizaron que su familiar se hiciera cargo de los trámites funerarios”.
Un posterior análisis de cámaras, bitácoras y llamadas telefónicas demostró que el policía preventivo nunca había tenido contacto con autoridades ministeriales.
Fredy “N” llevaba 14 años de servicio. Había causado alta en la Secretaría en febrero de 2009. Su compañero, el policía auxiliar René “N”, llevaba 12 años con 10 meses en la corporación.
¿Era la primera vez que lo hacían? ¿Era la primera vez que las huellas de un asesinato o un feminicidio eran eliminadas para siempre en los hornos de alguna funeraria?
¿Por qué recomendó el agente Fredy “N” esta funeraria en particular? ¿Recibía algún tipo de comisión por llevar cadáveres a aquel sitio?
El caso siniestro de Monserrat apenas deja entrever la cloaca que existe en la ciudad: cuando el supuesto certificado de defunción extendido “por un médico” les fue presentado no de manera impresa, sino solo a través de un pantallazo —y no queda claro si se aprecian también las huellas del politraumatismo que cortó la vida de la joven—, personal de la funeraria condujo el cuerpo en uno de sus vehículos hasta una agencia de la fiscalía de investigación territorial de Miguel Hidalgo.
La intención era “pedir una opinión”. En la fiscalía, dos agentes del ministerio público, “sin realizar ninguna diligencia, ni informar a sus superiores”, le dijeron al personal de la funeraria que se iban a comunicar más tarde “para atender la situación”.
Nunca llamaron. Tampoco atendieron nada.
Por esa causa, dos agentes del ministerio público, Karen “N” y Gabriela “N” fueron suspendidas y se encuentran bajo investigación.
Mientras tanto, el proceso de cremación era tramitado por Sean Alejandro y sus familiares. Todo habría quedado en la impunidad si los vecinos de Chalco 76 no hubieran subido a las redes los videos en que se veía la manera en que el cuerpo, envuelto en sábanas, fue sacado del departamento donde ocurrió el feminicidio, y en el que los vecinos habían reportado varias veces a la policía las constantes escenas de maltrato y violencia.
Cuando explotaron los videos en que aparecían bajando el cuerpo por una escalera, uno de los policías presentó una licencia médica y al poco tiempo desapareció. El otro se dio a la fuga desde el minuto uno.
Fueron esos videos los que permitieron que elementos de la fiscalía de búsqueda de personas desaparecidas detectaran que había una ficha por desaparición, tanto en la ciudad como en el Edomex, a nombre de Montserrat Juárez, y se presentaran en Chalco 76 para interrogar a los vecinos.
Gracias a eso la fiscalía de feminicidios pudo localizar la funeraria donde el cuerpo de Monserrat fue recuperado.
El teléfono del feminicida guarda las imágenes y las conversaciones que prueban el abuso, la violencia y el maltrato a que Sean Alejandro y sus padres sometieron a Montserrat.
Todo eso pudo desaparecer debido a la corrupción, las omisiones, la negligencia de las autoridades. Todo esto se pudo evitar si los constantes llamados de los vecinos hubieran sido atendidos.
Por cinco mil pesos se iba a borrar para siempre la desgracia de Monserrat. En una ciudad donde las desapariciones se han desatado en los últimos años de manera histórica, ¿cuántos feminicidios habrán sido ocultados en el charco de la corrupción y la complicidad?
